Milei enojado con los gobernadores por la Ley Ómnibus: “Los voy a dejar sin un peso“

En la reciente reunión de Gabinete, Javier Milei dejó en claro su enfado hacia los gobernadores, sin distinción de partidos, marcando un quiebre en las relaciones con aquellos que, según fuentes, habrían sido destinatarios de amenazas en la búsqueda de apoyo para la aprobación de la "ley ómnibus". Esta ley, que forma parte del proyecto "Bases para la libertad de los argentinos", ha generado tensiones en el oficialismo y se convierte en un tema clave para el Gobierno.

El presidente respaldó a Luis "Toto" Caputo, ministro de Economía, quien previamente había advertido a los gobernadores: "Los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos". La estrategia busca presionar a los mandatarios provinciales, quienes necesitan fondos para cubrir sus déficits fiscales, a que insten a sus legisladores a votar a favor del proyecto.

La primera señal de esta estrategia fue la decisión de no avanzar en la reversión de los cambios en Ganancias realizados por Sergio Massa en su plan económico durante la campaña electoral. Milei ha reforzado este mensaje con la amenaza de un esquema de "transferencias cero" a las provincias.

Caputo, por su parte, desafió públicamente a los gobernadores al reunir a su equipo para "delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado". Esta postura generó rechazo por parte de algunos dirigentes de la oposición, como Miguel Pichetto, quien instó al ministro a buscar acuerdos en lugar de amenazar.

En la reunión de Gabinete, Caputo reiteró que, de no aprobarse la ley, se seguirá ajustando el gasto público, incluyendo partidas asignadas a las provincias. Milei agregó que "vamos a socializar el costo de la ley", señalando que las provincias serán las más perjudicadas si la ley no se aprueba.

Simultáneamente, el Gobierno anunció la creación de una Fiscalía para investigar la corrupción de funcionarios públicos, incluyendo a gobernadores, funcionarios provinciales y del Poder Legislativo. Esta medida refuerza el mensaje de lucha contra la corrupción y la intencionalidad detrás de la presión a los gobernadores.