El gobierno solicita el embargo de bienes a manifestantes por los destrozos en el Congreso

El Gobierno presentó el lunes un pedido de cautelar ante la Justicia para embargar los bienes de los manifestantes que ocasionaron destrozos en los alrededores del Congreso durante las protestas mientras se debatía la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados. La medida, impulsada por el Ministerio de Seguridad bajo Patricia Bullrich, busca que los responsables se hagan cargo de los costos del operativo y de la atención médica de los uniformados heridos.

Durante los tres días de discusión del proyecto enviado por el presidente Javier Milei, diversas organizaciones sociales y de izquierda protestaron en contra de la iniciativa, resultando en actos de violencia como la ruptura de veredas, incendio de contenedores y agresiones al personal de seguridad.

La solicitud, dirigida a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 17 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, busca que una vez identificadas las personas y organizaciones responsables, se ordene el embargo de sus bienes para cubrir los gastos del operativo, cifrados en $134.486.038,08. Este monto incluye costos para la Gendarmería, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal Argentina.

El Gobierno argumenta que los organismos de seguridad tuvieron que intervenir para preservar el correcto funcionamiento del Congreso ante los disturbios y la violencia desplegada por un gran número de personas entre el 31 de enero y el 2 de febrero.

Esta no es la primera vez que el Gobierno busca que los responsables de manifestaciones se hagan cargo de los costos. En diciembre pasado, Patricia Bullrich había solicitado lo mismo al Polo Obrero y otras organizaciones, además de intimar a diferentes grupos, como el Sindicato de Camioneros y la Asociación Trabajadores del Estado, a abonar sumas específicas por los gastos generados durante sus protestas.