La provincia no descarta judicializar la deuda de Nación por El Tambolar

La gestión de Marcelo Orrego tomó la decisión de avanzar para que la Nación, a través de CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima), cancele la deuda que mantiene con la provincia y, así, avanzar con la obra del dique El Tambolar. El primer paso lo confirmó el propio gobernador quien, luego de su discurso en la apertura de sesiones en la Cámara de Diputados, indicó que la provincia intimó con una carta documento, a la empresa para que salde el rojo contable, cifra que, según Orrego y el ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez, asciende a los 180 millones de dólares. El segundo paso en estudio es judicializar la deuda. Esto es, iniciar una demanda en los estrados federales de Buenos Aires para que un juez obligue a CAMMESA a pagar. Quien indicó que dicho paso no está descartado fue el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, al indicar que “son los pasos que hay que dar. Están los contratos firmados y nosotros vamos a apelar a todo el sistema jurídico que los contratos nos dan en resguardo de los intereses de la provincia”.

Según indicó Achem y surge también del discurso de Orrego, en el que indicó que San Juan atraviesa una de las peores crisis económicas de la historia, la provincia no tiene recursos para afrontar 180 millones de dólares para sostener la obra. Se trata de una cifra que a la cotización oficial de ayer representa casi 160 mil millones de pesos. La provincia está haciendo grandes esfuerzos contables para destinar 8 mil millones de pesos al mes para reactivar la obra pública, por lo que difícilmente tendría para destinar 200 veces más.
No sería la primera vez que San Juan decide ir a la Justicia por una deuda nacional.

La gestión anterior tomo ese camino cuando la presidencia de Mauricio Macri no cumplió con el pago de obras viales. Por ello se presentaron tres demandas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reclamos que se retiraron cuando la provincia recuperó los fondos en cuotas. En el caso de los fondos por El Tambolar, y según indicó Achem, el reclamo no se presentaría en la Corte Suprema sino en la justicia Federal con asiento en Buenos Aires. El detalle fino saldrá del análisis del contrato que firmó la provincia, a través de EPSE (Energía Provincial Sociedad del Estado), con CAMMSEA y la UTE compuesta por Techint-Panedile.

Sobre la carta documento, Achem dijo que “la presentación la hizo la provincia a través del EPSE. Se hizo en función de mantener los derechos de la provincia sobre la exigencia de la continuidad de la obra”. Además indicó que “hay una deuda de corto plazo que es de 65 millones de dólares, pero hay otros requerimientos superiores que tienen que ver con los avances de obra, cambios de obra y certificados”, por lo que la deuda asciende a los 180 millones de dólares. Mientras que sobre la judicialización expresó que “vamos defender los intereses de la provincia, a sostenerlos siempre y mantener la legalidad y la vigencia del reclamo. No queremos perder ningún espacio de reclamo”, por lo que la acción judicial no está descartada.

Según la página oficial del EPSE, la financiación para la construcción de la segunda etapa del dique El Tambolar surge de un sistema de fideicomiso formado por la venta de energía a la Nación de los diques Los Caracoles y Punta Negra. La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) compra esa energía y destina los fondos a un fideicomiso con el que se paga la obra de El tambolar. Desde que asumió la administración de Javier Milei Cammesa no ha aportado los fondos para sostener la obra, por lo que las tareas están paralizadas.