Fuerte pelea entre cirujanos y Santa Clara por el estado de los quirófanos

Desde la Asociación Sanjuanina de Cirujanos venían señalando el “deteriorado” estado de los quirófanos de la clínica Santa Clara, al punto que llevaron el reclamo a la Justicia y un magistrado civil relevó a los profesionales de prestar sus tareas en las operaciones programadas. Dicho de otra manera, autorizó que los médicos no realicen las intervenciones quirúrgicas que se planifican con tiempo en el sanatorio que atiende a los jubilados de PAMI. En cambio, uno de los abogados de la empresa BASA, la que administra el centro de salud, resaltó que uno de los quirófanos fue inaugurado en febrero y otros tres se encuentran en plena refacción, de tal modo que el 15 de marzo recibieron la habilitación por tres meses por parte del Ministerio de Salud, el órgano de contralor. Por eso, el representante legal aseguró que apelará la sentencia y que, hasta que se resuelva, se suspenda la decisión de relevar a los cirujanos. Así, destacó que no se va a frenar ninguna cirugía programada y que, en el caso de que eso suceda, se hará responsable al profesional que no la lleve a cabo.
La fuerte disputa se da entre profesionales que brindan una asistencia clave a un sector vulnerable, como los jubilados afiliados al PAMI, que se atienden en Santa Clara. En el intercambio entre los abogados de ambas partes, desde la clínica señalaron que, en una de las reuniones, se decidió pasar de la modalidad de pago por cápita a la de prestación, lo que generó que la Asociación de Cirujanos decidiera “arremeter y pretender disciplinar a esta parte”. Inclusive, el juez, en su fallo, marcó como interrogante el hecho de que la asociación no manifestara su voluntad de no continuar el vínculo contractual, tal cual lo tiene establecido en el convenio. Pese a que hubo audiencias de conciliación, estas fracasaron.
La resolución que dispuso relevar a los cirujanos “de prestar sus servicios frente a las cirugías que se denominan como programadas” salió el 18 de marzo y la dictó el juez del Cuarto Civil, Humberto Conti. Lo hizo tras un planteo de la Asociación Sanjuanina de Cirujanos, la que había presentado en enero, durante la feria judicial, una acción de satisfacción inmediata, dado que sostuvo que la “práctica quirúrgica es riesgosa tanto para la salud de los pacientes” como de los profesionales, debido a que “las instalaciones, como así también los materiales que se utilizan en quirófano no reúnen las condiciones mínimas para llevar adelante esa tarea”, según plasmó el magistrado en su resolución, a la cual pudo acceder este medio, 0264 Noticias.

No obstante, Conti no relevó a los médicos del Santa Clara de efectuar las operaciones urgentes, en las que “esté en riesgo la vida o la salud de los pacientes”, teniendo en cuenta que se trata de personas vulnerables como los jubilados.
No fue lo único, ya que intimó a Basa, la empresa dueña de Santa Clara, a que en cinco días hábiles tras la notificación de la resolución, ponga en conocimiento del juzgado y del Ministerio de Salud el plan de obras o remodelación de quirófanos, zona de lavado, compra de materiales quirúrgicos e indumentaria (como cajas quirúrgicas y demás accesorios) con el fin de acondicionar las instalaciones de la clínica. El magistrado, además, estableció que dicho esquema de trabajo debe efectuarse en un plazo de seis meses, “bajo apercibimiento de aplicar astreintes (multa económica que el juez fijó en el 40 por ciento del Salario Mínimo Vital y Móvil) por cada día de retardo en el cumplimiento de las obligaciones” impuesta por la sentencia.

Tras el reclamo de la Asociación de Cirujanos, Conti llegó a esa decisión luego de un informe del Complejo Científico Forense de la Corte de Justicia, cuyos profesionales inspeccionaron los quirófanos de Santa Clara. En el informe, indicaron que “parte de las instalaciones visitadas no reúnen las condiciones que establecen los estándares especificados en la normativa sanitaria aplicable”. Además, una nota del Ministerio de Salud destacó que “la clínica Santa Clara contaba con habilitación provisoria (…), la cual se encuentra vencida”. No obstante, el mismo informe señalaba que “esta institución (por Santa Clara) se encuentra en trámite administrativo para lograr la habilitación definitiva”. Ese es un punto clave que esgrimirá la empresa. A su vez, el escrito finalizaba con que se adjuntaba el acta de la última inspección, en la que “se realizaron múltiples observaciones que se deben cumplir previo a la obtención de la habilitación provisoria o definitiva”.
Sin embargo, Andrés Noguera, abogado de la empresa Basa, exhibió la licencia de funcionamiento habilitante de tipo provisorio que consiguió el 15 de marzo Santa Clara para la continuidad de las tareas en sus quirófanos, a través de la resolución 1.241 del Ministerio de Salud. Es decir, tres días antes del fallo del juez Conti. Por eso, el representante legal de la compañía destacó que “siempre se le expuso al juez que estábamos en la renovación de la habilitación” y le apuntó a la asociación al señalar que “han puesto al magistrado en una situación de error jurídico, ya que él no conocía esta resolución ministerial porque ha salido unos días antes de su sentencia”. En ese marco, indicó que “hemos denunciado esta nueva documentación” y destacó que están dentro de los plazos para hacer la apelación de la sentencia, en la que solicitarán que se suspendan los efectos del fallo, es decir, que se frene el hecho de relevar a los cirujanos de realizar las cirugías programadas.
Noguera remarcó que la habilitación provisoria por tres meses fue concedida por el Ministerio Público, el órgano que tiene el poder de policía para dar el OK al funcionamiento de un sanatorio y que, cuando estalló el conflicto con los cirujanos, Santa Clara se encontraba en un proceso de “renovación y actualización de todas las habilitaciones”. Además, resaltó que todas las observaciones realizadas fueron subsanadas, que han ido realizando obras, como un quirófano nuevo y la remodelación de los restantes, y que se ha adquirido nuevo instrumental.
En ese escenario, el abogado resaltó que la licencia habilitante obliga a los cirujanos a efectuar las cirugías programadas y que, en el caso de que no las hicieren, “van a ser responsables de cualquier daño en la salud de un paciente”.