Presentan un proyecto para declarar a la educación servicio esencial, lo que provocó revuelo en el país

El legislador de ADN – La Libertad Avanza, Fernando Patinela, presentó un proyecto de ley para declarar a la educación como un servicio estratégico esencial en la provincia. La iniciativa va en línea con la que ya tuvo media sanción a nivel nacional, la cual había generado revuelo y rechazo en los gremios docentes, incluidos los de San Juan. Entre los puntos centrales de la normativa aprobada por la Cámara de Diputados de la Nación (falta el OK del Senado), se establecen distintos porcentajes de presencialidad de maestros y el resto del personal frente a diferentes días de paro para garantizar las clases. En ese punto, en los sindicatos señalan que se vulnera el derecho a huelga.

Como referente legislativo local de La Libertad Avanza, Patinela ha venido presentando proyectos de ley en sintonía con lo que se viene debatiendo en la Nación. De hecho, fue el primero que planteó la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

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Ahora, se mete en un tema sensible y se verá si tiene eco en el oficialismo. Sucede que la gestión orreguista es la que tiene que negociar, en paritaria, los aumentos salariales y las condiciones laborales de los docentes y son sus representantes gremiales los que están en contra de la iniciativa con media sanción a nivel nacional.

Es decir, acompañar el proyecto puede significar ganarse el encono de los sindicatos UDAP, UDA y AMET, cuyos referentes han tenido chispazos con los representantes del Ejecutivo en las discusiones salariales. Al punto que llevaron adelante un paro en abril, además de adhesiones a medidas de fuerza por la política educativa del gobierno nacional del presidente Javier Milei.

No obstante, las diputadas orreguistas Nancy Picón y María de los Ángeles Moreno votaron a favor del proyecto en la sesión en Diputados.

Justamente, la cantidad de paros que han venido definiendo los gremios nacionales ha sido el fundamento para la presentación del proyecto en el Congreso, en manos del legislador Alejandro Finocchiaro, exministro de Educación de la administración de Mauricio Macri. Su argumento se basa en el impacto negativo en la calidad educativa de los alumnos, los que pierden días de clases.

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La iniciativa obtuvo la media sanción en la Cámara baja y ahora debe tratarse en el Senado, recinto en el que se verá si cuenta con el respaldo de la oposición dialoguista, como el Pro y legisladores de la UCR y de fuerzas provinciales, además de La Libertad Avanza.

En el plano local, Patinela planteó modificaciones al artículo 3 y 4 de la ley de Educación de la provincia (1327 H), al incorporar en el texto que la educación constituye “un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado como servicio estratégico esencial en todos los niveles y modalidades”. La iniciativa también incorpora en el segundo artículo la definición de que “la educación es una prioridad provincial y se constituye en política de Estado como servicio estratégico esencial”.

El proyecto contempla esos dos artículos clave y no hace mención al nivel de presencialidad de maestros ante días de huelga. No obstante, el diputado libertario explicó que entiende que no es necesario entrar en esos detalles, dado que esos puntos estarán incluidos, si es que se aprueban finalmente, en la norma nacional, los que serían de aplicación en la provincia, una vez que se declare, a nivel local, el carácter de servicio esencial.

Patinela recordó que el proyecto nacional establece que, hasta dos días de paro, las escuelas tienen que garantizar la presencia del 30 por ciento del personal docente y no docente. Si la huelga se extiende por tres días o más, la presencialidad sube al 50 por ciento. Además, en todos los casos se debe asegurar la apertura de los establecimientos educativos, el dictado normal de clases y la provisión de alimentos en las situaciones en las que los estudiantes asisten a los comedores escolares.

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Desde UDAP, el gremio con mayor cantidad de afiliados, conducido por Patricia Quiroga, habían manifestado su “rechazo categórico a la esencialidad educativa” y reafirmaban su compromiso por una “educación digna, de calidad, y con la lucha por condiciones laborales justas”.

En UDA, bajo el timón de Karina Navarro, habían señalado que “es lamentable que en la tierra de Sarmiento la educación deje de ser un derecho para transformarse en un servicio, rotulado como esencial por conveniencia”. Por su parte, Daniel Quiroga, de AMET, había resaltado que la iniciativa significa “cortar la libertad de protesta a todos los docentes de Argentina”.