¿Picón y Moreno rechazarán el veto de Milei al presupuesto universitario?

Mientras el oficialismo nacional cuenta voto a voto para evitar que se caiga el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, medios porteños aseguran que las sanjuaninas Nancy Picón y María de los Ángeles Moreno votarían en contra.

Las legisladoras de Producción y Trabajo vienen acompañando al oficialismo en cada iniciativa, tal es el caso del RIGI y el el veto a la movilidad jubilatoria, pero anoche, según publicó Clarín, en esta oportunidad mantendrían una postura contraria a la del gobierno Nacional.  

“En las vísperas de la discusión en el recinto, hubo cuatro definiciones que ajustaron aún más el marcador. Las dos diputadas del gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, y el legislador rionegrino que responde al mandatario provincial, Alberto Weretilneck, dejaron entrever en la noche del martes que rechazarían el veto presidencial”, agregó La Nación sumándose a la teoría del rechazo al veto por parte de las sanjuaninas.

El resto de los legisladores sanjuaninos del PJ, Walberto Allende, Fabiola Aubone y Jorge Chica manifestaron públicamente su rechazo al veto y días atrás se reunieron con las autoridades de la UNSJ para conocer la situación de la casa de Altos Estudios y fundar su postura en la cámara. 

Incertidumbre

Los números que se manejan en los despachos en Diputados, según Infobae,  muestran que hay entre 80 y 84 votos a favor del veto, 160 a 164 por la insistencia en la norma, 4 ausentes y entre 11 y 13 en duda. En este escenario, nadie puede asegurar si logrará imponer su postura hoy en el recinto y la incertidumbre reina en todos los bloques.

La amenaza de judicializar

Si la Cámara de Diputados insiste con el proyecto, el veto pasará a ser discutido en el Senado, donde el Gobierno tiene un escenario aún más complicado y los representantes del oficialismo todavía no comenzaron a conversar sobre el asunto con los otros bloques.

Si ambos recintos deciden insistir con el proyecto impulsado por un sector del radicalismo y el kirchnerismo, las autoridades nacionales ya advirtieron que van a buscar mecanismos para no implementar el aumento: “Vamos a avanzar con diferentes acciones que, seguramente, termine en una judicialización. Pero, dependiendo de cómo se interprete la norma de financiamiento de la administración pública, uno puede ejecutar o no una ley”, explicó un funcionario del círculo íntimo de Milei.

Según el artículo 38 la ley 24.156, de Administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, todo texto sancionado por el Congreso “que autorice gastos no previstos en el Presupuesto General deber especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.

En esta normativa se van a basar las autoridades nacionales para asegurar que la iniciativa del radicalismo no cumple con los requisitos necesarios y, por lo tanto, no cumplir con la misma, aunque reconocen que eso podría llevar a que se presenten diferentes denuncias.