El exjefe de policía pidió investigar compras por $90 millones en la gestión anterior, y la causa puede ir a la Justicia Federal

Una compra de computadoras, impresoras y tables, que realizó la gestión anterior, gracias a que recibió fondos de Nación, quedó envuelta en misterio que, hasta el momento, no tiene respuesta. Se trata de 150 equipos, más las impresoras y tablets, por un monto de 90 millones de pesos, aparatos que figuran haber sido recibidos, pero que no se encuentran en las dependencias policiales a las que fueron destinadas y tampoco en el Cisem 911. Incluso, la causa tomó estado judicial con una investigación preliminar que realizó el Ministerio Público gracias a una presentación que realizó el exjefe de Policía, Luis Martínez. Si bien fuentes calificadas indicaron que existen “presuntas irregularidades”, fiscalía tomó la decisión de declararse incompetente, ya que lo que está en juego son fondos nacionales. Así, ha dispuesto que la causa sea remitida a la Justicia Federal, la que deberá definir si avanza con la investigación.    

El proceso que recayó en la Justicia local comenzó con una presentación que hizo a principio de año el exjefe de Policía, Luis Martínez. Lo hizo a raíz de las publicaciones periodísticas que indicaban que existía una presunta irregularidad en su gestión con la compra de equipos. Así, pidió al Ministerio Público que indague sobre el asunto y determine si existió un delito. Ante eso, desde la UFI Delitos Especiales requirieron a la Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública un informe, el que no fue respondido en tiempo y forma, por lo que desde fiscalía se dispuso el archivo de la causa. Eso se cumplió hasta la semana pasada, cuando dicho organismo, que depende de la Secretaría de Seguridad y Orden Público, remitió un documento completo en el que indicó que el equipamiento que se adquirió, gracias a los aportes de Nación, no se encuentra. Incluso, apuntó que se realizó un sumario administrativo, para desligar responsabilidades dentro de la fuerza, y de ahí se confirma el faltante.

Lo llamativo, según confirmaron fuentes oficiales, es que en dicho informe figuran tres documentos que revelan las presuntas irregularidades. En el primero se expone que los equipos, tanto las computadoras, como las impresoras y las tablets, fueron adquiridos a través de un cotejo de precios. Esto es que, desde la fuerza, a través de una comisión específica que intervino en el proceso, solicitaron la presentación de presupuesto a tres proveedores, y de ellos se eligió el más conveniente. Además, en un segundo escrito, figura la factura de la compra por unos 90 millones de pesos y también un remito, lo que, desde el punto de vista administrativo, implica que existe constancia de que los aparatos llegaron a la fuerza para ser distribuidos a las distintas comisarias y también al Cisem 911. Incluso, existe el listado con el detalle e información de cada computadora, impresora y tablet. Lo llamativo es que, también figura un tercer documento, complementario al segundo, a modo de resolución de la investigación interna que realizó la Policía, que indica que dichos equipos nunca se recibieron y no están.     

Eso no es todo, ya que, además, el último documento afirma un punto clave. Es que, al tratarse de fondos que llegaron de Nación, los mismos tuvieron destino específico, esto es, que fueron depositados en una cuenta bancaria exclusiva para ese sólo propósito. Es más, se realizaron tres transferencias que recibió la provincia del Ministerio de Seguridad de la Nación, cada una por 30 millones de pesos. De esta forma, las fuentes explicaron que el último informe oficial indica que tanto la factura, por el monto total, como el remito, fueron usados como certificación de compra frente a Nación, a modo de justificación del gasto. Así, desde Control de Gestión se indica que la rendición de cuenta que se hizo a Nación “no es correcta” porque los equipos no se encuentran, explicaron las fuentes.

Esto último es central ya que desde la UFI Delitos Especiales entienden que, al tratarse de recursos específicos que llegaron de la administración central, quien debe intervenir en una investigación penal es la Justicia Federal. En este sentido, el Ministerio Público Fiscal ha decretado su incompetencia, la que deberá ser ratificada por un juez de Garantías. Si el magistrado entiende lo mismo que fiscalía, la causa pasará al Ministerio Público Federal, quien deberá determinar si es competente para avanzar con la investigación. Si eso no ocurre “habrá un conflicto de competencia” diferencia que deberá ser zanjada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.   

Otro de los puntos que aclaran las fuentes consultadas, es que, por el momento, la investigación no apunta contra nadie en particular, solo expone la irregularidad. Lo que genera dudas y llama la atención es que se realizó un proceso de compra de equipos con fondos específicos, que exista un documento de recepción firmado, pero que los aparatos no estén.

Según los registros periodísticos, el único convenio firmado entre San Juan y Nación por un monto similar, fue el que subscribió en mayo del 2022, Carlos Munisaga, exsecretario de Seguridad y Orden Público, y Aníbal Fernández, al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación. El acuerdo implicó la adhesión de San Juan al Sistema Automático del Circuito de Identificación (SACI), destinado a transmitir datos biométricos de una persona detenida a la División Centro de Información Federal de Antecedentes. Dicha firma implicó el envío de Nación de 100 millones de pesos para poner en marcha el sistema.