Tras la acusación a empresas de luz y gas por el cobro de tasas municipales, el gobierno apura una salida legal para mantenerlas

La noticia nacional de que la Secretaría de Industria y Comercio inició 9 sumarios contra las empresas de luz y gas de San Juan por cobrar ítems municipales en sus facturas, cayó como un balde de agua fría en los ejecutivos, tanto provincial como comunales. Incluso, ante las consultas de este medio, hubo silencio y no existió una respuesta formal sobre los pasos a seguir. Sobre el tema, el gobernador Marcelo Orrego indicó que tomará cartas en el asunto, ya que convocará a su equipo “mañana” (por hoy) para tomar una decisión. ¿El objetivo? Según indicaron las fuentes, es tener un planteo legal para presentar ante el gobierno nacional, ya que entienden que, en el caso de la luz, el Cargo Único Municipal es clave porque corresponde a la tasa de alumbrado público, servicio que sería difícil de cobrar por los intendentes si no está incluido en la boleta de la luz. También existe una urgencia en el tema. Es que, según los medios nacionales, las empresas tendrán cinco días hábiles para hacer su descargo una vez recibida la notificación de haber incumplido una resolución nacional.

El conflicto entre Nación, las provincias y los municipios por las tasas que figuran en las boletas de servicio se inició en septiembre, cuando la gestión de Javier Milei anunció la publicación de una resolución de la Secretaría de Industria y Comercio, por la que en las boletas de servicios, como en la factura de la luz, “los conceptos expresados… deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado… no pudiendo contener sumas o conceptos ajenos a dicho bien o servicio”. La medida apuntó a eliminar cargos municipales excesivos, como los de algunos distritos de Buenos Aires, en los que figuraban cuotas sociales y bomberos, entre otros. La resolución entró en vigencia el 11 de octubre y establece la prohibición para las empresas de servicios, y aquellas que no cumplan, podrán ser sancionadas de acuerdo con las “penalidades previstas en la Ley de Defensa del Consumidor y normas reglamentarias”, que pueden alcanzar los 2.130 millones de pesos de multas.

En su momento, la medida había generado desconcierto y preocupación en las autoridades provinciales, municipales y del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), porque, en el caso de la factura de la luz, el Cargo Único Municipal (CUM) implica aportes importantes que van destinados a las arcas municipales y que sirven para mantener el servicio de alumbrado, entre otros. Así, desde el EPRE avanzaron en el diálogo con las autoridades nacionales e incluso, a través de la Asociación de Entes Reguladores Eléctricos (ADERE), solicitaron a la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación que se mantenga el CUM.

Pese a los esfuerzos locales, la administración central se mantuvo en su postura de eliminar cargos que no estén específicamente relacionados con el consumo del servicio contratado por el usuario. En esa línea, y según informaron ayer medios nacionales, para el caso de San Juan se abrieron 9 sumarios, de los cuales 8 fueron aplicados para el servicio de luz, a través de Naturgy (ex Energía San Juan) y Decsa (Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A); mientras que hubo un caso para Ecogas. Los municipios en los que recayeron las denuncias realizadas por los usuarios fueron Caucete, Rawson, Capital, Valle Fértil, Iglesia, Pocito y Ullum. En el listado también figura Alto de Sierra, por lo que se entiende que es Santa Lucía.

Un punto clave sobre el conflicto es que hay quienes entienden que debería existir una resolución provincial para asegurar que el CUM siga figurando en la boleta de la luz. Es que las fuentes consultadas tienen dudas sobre si la Secretaría de Industria y Comercio de Nación tiene facultades legales para dictar una medida restrictiva sobre un servicio provincial. Incluso, para el caso de Naturgy (ex Energía San Juan), indican que lo que figura en la factura surge de una disposición del EPRE. En el caso de Ecogas, ocurre lo mismo desde el ente de control Energas (Ente Nacional Regulador del Gas). Este medio intentó hablar con autoridades del EPRE, pero no hubo respuesta.

En el caso de los intendentes, fuentes de la comuna capitalina, que dirige Susana Laciar, se mostraron muy preocupados por la decisión nacional, debido a la quita en recursos que podría implicar no contar con la posibilidad de cobrar el CUM en la factura de la luz.

Así, consultado el gobernador sobre el asunto, dijo que “eso lo tenemos que ver mañana. Es un problema que va a atravesar a todas las jurisdicciones del país. Es muy importante juntarme con mi equipo y escucharlos a todos los que son parte, como la Secretaría de Energía (que depende del Ministerio de Infraestructura), el EPRE, la Secretaría General de la Gobernación y Asesoría Letrada. Son fundamentales para tomar decisiones”.