¿Inocencia? Un proyecto de ley sobre la Defensoría del Pueblo reflota una interna en el PJ

Al margen de la discusión que implica crear un cargo público cuando está en debate en la sociedad la austeridad en la política, la nueva figura de un defensor del Pueblo Adjunto para Adultos Mayores es un proyecto de ley que, si se quiere, apunta a un fin social. Su autora fue la diputada Stella Caparros, presidenta de Junta del PJ de Pocito, exfuncionaria del Ministerio de Desarrollo Humano del hoy intendente del departamento, Fabián Aballay, íntimo del senador Sergio Uñac. La iniciativa se presentó luego de que estallara la disputa entre el exgobernador y su operador político, Mauricio Ibarra, por diferentes miradas políticas sobre la decisión, justamente, de la titular de la Defensoría del Pueblo, Florencia Peñaloza, de dejar o no su cargo para asumir en la Legislatura.

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¿Pura inocencia en la presentación del proyecto? ¿O fue un mensaje del uñaquismo a Ibarra, quien finalmente influyó para que Peñaloza continuara como defensora del Pueblo, lo que llevó a que consiguiera la banca un bloquista y, así, el oficialismo aumentara su poder de fuego a través de su socio?

Lo cierto es que la iniciativa generó ruido en otra interna del peronismo, ya que tanto en el uñaquismo como en el sector de Ibarra no dejaron de hacer esa lectura, confirmaron las fuentes.

El vínculo entre Uñac y el exintendente rawsino está roto. En el programa Demasiada Información, de Radio Light, Ibarra criticó con dureza a la gestión del exgobernador al hablar, sin mencionarlo, de arrogancia y soberbia y cuestionar sus “caprichos” al bajar línea a la tropa en la Cámara de Diputados.

En la primera reunión del año del Consejo del PJ, el exoperador uñaquista se quejó de que no se cumpliera el supuesto acuerdo en el que él debía ser uno de los integrantes que faltan para conformar la Mesa Ejecutiva del partido. Son cuatro lugares, uno para el giojismo (Juan Carlos Gioja) y tres para el uñaquismo. Estarán Marisa López, exministra de Hacienda, y Sonia Ferreyra, del espacio de Pablo García Nieto.

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Falta el último casillero, que aún no se define y está en manos del presidente, Juan Carlos Quiroga Moyano. ¿Una devolución de gentilezas del sector de Uñac? Todo parece indicar que así es.

Ahora, es improbable que avance el proyecto de Caparrós, dado que el orreguismo y el bloquismo, su aliado legislativo, no tienen intenciones de crear un cargo público, en el marco de la idea de austeridad y control del gasto. Sumado a que la Defensoría del Pueblo cuenta con personal para cumplir con la tarea de ayuda a los adultos mayores, dentro del ámbito de competencia del organismo.

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Caparrós fue directora de Gestión Financiera del Ministerio de Desarrollo Humano durante la gestión de Aballay y, luego, fue designada como subsecretaria de Asistencia Social. En las elecciones 2023, Aballay volvió a conducir Pocito y Caparrós fue elegida como diputada departamental.

En la conformación de la lista de unidad del PJ, el intendente pocitano fue elegido para representar a los jefes comunales y desembarcó en la vicepresidencia segunda. Así, no pudo cumplir con la premisa de que el líder de un departamento conduce la Junta, por lo que asumió Caparrós, una mujer de su confianza.

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Los que entienden el porqué de la iniciativa de la diputada señalan que, por su trayectoria, ha tenido contacto y está comprometida con la problemática de los adultos mayores.

Incluso, trascendió que venía hablando de presentar un proyecto en ese sentido. El tema es que lo hizo luego que se desencadenara la puja entre Uñac e Ibarra. Ni Caparrós ni Aballay contestaron los llamados de este medio.

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Además de la creación del puesto de defensor del Pueblo Adjunto para Adultos Mayores, la iniciativa establece que su mecanismo de selección será idéntico al del titular o la titular del organismo, es decir, través de la propuesta de los bloques legislativos y la aprobación de la Cámara de Diputados.

El detalle no es menor, ya que la Defensoría del Pueblo cuenta con dos Adjuntos, cuya designación se produce a través de la propuesta de la máxima autoridad del organismo, los que luego son designados por resolución de la Legislatura. Es decir, el proyecto de Caparrós implica un cambio con respecto a quién impulsa a un Adjunto.

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Entonces, si el oficialismo quisiese avanzar con el proyecto, podría ubicar a uno de los suyos en la Defensoría del Pueblo, ya que, en principio, cuenta con los números para hacerlo. ¿Dónde estaría la ganancia para el uñaquismo si no podría poner una “cuña” en el “bastión ibarrista”? No habría un rédito, pero entraría alguien de “control” y ajeno al círculo del exintendente rawsino y de Peñaloza. A ese punto llegan las especulaciones.

De acuerdo a lo que había trascendido en su momento, la decisión de que Peñaloza continúe en el puesto obedeció a que se trata de un organismo que maneja su propio presupuesto, el que propone a la Cámara de Diputados, en acuerdo con el Ejecutivo. Así, administra su propio personal.