Tras un sumario, la Corte puede sancionar a Montilla, pero no será hasta que finalice el proceso penal

Además de la causa penal que lo tiene en la mira por usurpación de funciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público, el juez de Garantías Roberto Montilla puede enfrentar un castigo impuesto por la Corte de Justicia. La eventual sanción del máximo tribunal podría darse por la resolución de un sumario administrativo, el que todavía no comienza, pero del que ya se han realizado los primeros pasos para su desarrollo. Consultados sobre esa situación, fuentes allegadas a la Corte indicaron que el tribunal no puede avanzar con un sumario hasta que no se resuelva la causa penal, ya que, si Montilla es condenado, y dicha sentencia queda firme, deberá ser destituido de su cargo porque una persona condenada no puede ocupar el cargo de Juez. A su vez, de zafar del proceso penal, Montilla todavía es objeto de un castigo administrativo el que puede derivar desde un llamado de atención, suspensión por 30 días, sin goce de haberes, o hasta un jury de destitución.

El fiscal de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, solicitó un pedido de audiencia para avanzar en una investigación penal preparatoria contra el juez Montilla, ya que entiende que es el presunto responsable de intervenir en una causa en la que una persona se encontraba detenida. El Ministerio Público indicó que cuenta con elementos suficientes para avanzar con una causa penal contra el juez. Es que, durante el domingo pasado, el magistrado se acercó en varias oportunidades a la Comisaría 4ta con la intención de impartir órdenes al personal policial y también a los miembros de fiscalía, para que un anciano de unos 75 años fuera trasladado a un hogar de residencia para adultos mayores.  

Bajo esa información, el Ministerio Público solicitó audiencia de formalización de investigación, la que todavía no tiene fecha, pero el fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, también informó de la situación a la Corte de Justicia. En esa línea, el cortista Daniel Olivares Yapur, en declaraciones a Radio Light, confirmó que “habiendo tomado, la señora presidente de la Corte (Adriana García Nieto), conocimiento formal a partir del oficio que envió el fiscal comunicando esta situación, se han articulado actuaciones administrativas, que en el mismo día de ayer (por el miércoles) han sido remitidas a la oficina Legal y Técnica en el marco de las normas que dispone el procedimiento administrativo”. Así, dijo que “una vez que emita dictamen la Dirección Legal y Técnica, la Corte va a tomar la decisión que estime corresponder”.

Un punto clave que aclararon fuentes ligadas a la Corte de Justicia, sobre ese avance de un posible sumario contra Montilla es que, no se podrá desarrollar hasta que no esté finalizada la causa penal. Incluso, las fuentes indicaron que un sumario administrativo queda “frenado” por un expediente penal, que deberá determinar si el imputado incurrió en un delito. En este caso, quien está en la mira es un Juez, por lo que, de ser condenado, deberá dejar su cargo de magistrado. Es que, como ocurre en los casos de funcionarios públicos, deben ser apartados de sus funciones tras un castigo penal.

A su vez, de no llegar a una condena penal en el trámite de la causa, todavía quedará abierta la instancia administrativa y una posible sanción luego de un sumario. La Corte puede evaluar que Montilla incurrió en una actitud que no encuadra con su investidura, aunque no exista delito. Un ejemplo de ello es el incumplimiento del Código de Ética del Poder Judicial, el que, en su artículo 7 establece que “al juez no sólo se le exige éticamente que sea independiente sino también que no interfiera en la independencia de otros colegas”.

Que la Corte de Justicia no pueda avanzar en un sumario administrativo hasta que no finalice el proceso penal no es mejor, ya que la causa llevará su tiempo hasta que una sentencia quede firme. Primero se debe llevar adelante la audiencia de formalización de la investigación que solicitó Grassi contra Montilla. Luego, un juez de Garantías debe definir qué tiempo tendrá el fiscal para llevar adelante la investigación, para después desarrollarse el juicio que derivará en una sentencia. Si eso ocurre y existe un fallo condenatorio, Montilla puede apelar la decisión ante el Tribunal de Impugnaciones e, incluso, puede ir hasta la Corte de Justicia para revertir un fallo desfavorable. Una vez que todos esos pasos se cumplan, y si una eventual condena queda firme, Montilla debe ser separado de su cargo.

El juez de Garantías Roberto Montilla fue designado magistrado por la Cámara de Diputados el 27 de febrero, mientras que juró como juez el 12 de marzo, por lo que no lleva un mes en el ejercicio de sus funciones.