Imputaron a los 13 acusados de la megaestafa al Rincón de Nápoli

Este miércoles finalmente se llevó a cabo la audiencia judicial contra los 13 imputados por el desvío de carne del supermercado Rincón de Nápoli. En la resolución, el juez de Garantías Sergio López Martí rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscalía y dispuso que todos los acusados continúen el proceso en libertad, bajo ciertas medidas: deberán presentarse una vez por mes en comisaría, no podrán salir de la provincia sin autorización y deberán comprometerse a no entorpecer la investigación. Además, el magistrado fijó un plazo de ocho meses para la investigación penal preparatoria (IPP).

Trabajadores del sector carnicería de “Un Rincón de Napoli” tendrían un acuerdo con los empleados de empresas abastecedoras de carne (Carnes Parra, Carnes Aguilera y Carnes San Agustín) para desviar parte de la mercadería destinada al reconocido local del centro. Según se pudo establecer, otros dos involucrados se encargaban luego de comercializar esos productos al por menor en distintos locales y carnicerías del Gran San Juan. Así, se repartían las ganancias y le generaron un perjuicio económico de aproximadamente $35 millones al "Rincón de Nápoli". El fiscal señaló que esa suma podría ser aún mayor, ya que los hechos investigados datan desde mediados de diciembre del año hasta inicios de enero de 2025, por lo que intentarán determinar si estas maniobras fraudulentas comenzaron antes. 

La causa es investigada como una posible "estafa tipo hormiga", por el presunto desvío sistemático de mercadería valuada en aproximadamente 60 millones de pesos. La acusación está a cargo del fiscal Guillermo Heredia, quien había solicitado 12 meses de IPP, medidas coercitivas para 10 de los imputados y prisión preventiva por un mes para los tres principales señalados. Finalmente, el juez desestimó la prisión preventiva y unificó las medidas para todos.

Durante la audiencia, todos los imputados optaron por no declarar, con la excepción de Ángel Romero, quien negó los hechos y aseguró que no cometió delito alguno. Entre los acusados se encuentran Walter Mauricio Espejo, empleado de la carnicería del Rincón de Nápoli, y Germán Andrés Jofré, sindicados como los principales involucrados. También fueron imputados repartidores de las distribuidoras Carnes Aguilera, Carnes San Agustín y Carnes Parra: Pedro David Rodríguez, Alberto Ariel Galeote, Heber David Fernández, Ricardo Nicolás Giordano, Carlos Javier Asís, Jorge Alejandro Brizuela, Germán Antonio Mallea, César Orlando Luna y Jesús Matías Núñez.

La lista se completa con Manuela Nahir Luna Ruiz y el propio Ángel Ezequiel Romero, dueño de un comercio donde habría terminado parte de la mercadería desviada. Todos están acusados del delito de defraudación por fraude y cuentan con la defensa de varios a abogados. 

Horacio Merino, defensor de Alberto Galeote, Heber Fernández, Nicolás Giordano y Pedro Rodríguez.; Sandra Leveque, defensora oficial quien representa a Walter Mauricio Espejo; Martín Zuleta y Federico Victoria, defensores de Ángel Romero; Claudio Vera, a cargo de la defensa de César Orlando Luna; Juan Fonzalida, abogado defensor de Carlos Asís y Jorge Brizuela; los letrados Rodrigo Pardo y Carlos Torres, defensores de Germán Malle; Juan Bogni, representa a Germán Jofré (quien se había ausentado el pasado 3 de abril, fecha original en que se realizaría la audiencia y debido a que no se presentó, la misma se tuvo que reprogramar); y, por último, Martín Susso Godoy, abogado defensor de Jesús Matías Núñez

El fiscal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, Guillermo Heredia, había solicitado un plazo de 12 meses de Investigación Penal Preparatoria y medidas de coerción para 10 de los 13 imputados. En cambio, para Jesús Núñez, Walter Espejo y Germán Jofré, pidió 30 días de prisión preventiva, aduciendo que serían los principales ideadores de estas maniobras fraudulentas. 

Tras la exposición de todos los abogados defensores (los cuales, en su mayoría, rechazaron la imputación yargumentaron que el plazo de la IPP era excesivo y en su lugar proponían un término más reducido) y un subsiguiente cuarto intermedio, finalmente, el juez Sergio López Martí resolvió imputarle a los 13 sospechosos el delito de defraudación por fraude y les interpuso medidas coercitivas, además de establecer un plazo de 8 meses de Investigación Penal Preparatoria. Con esa resolución, todos quedaron en libertad.