Ex funcionario de Sarmiento se mostró "molesto" por la sospecha de pagos irregulares y se declaró "insolvente"

Este fin de semana, se conoció que el Tribunal de Cuentas rechazó la rendición de cuentas del ejercicio 2023 del exintendente de Sarmiento, el justicialista Mario “Cacho” Martín, por presuntas irregularidades administrativas. Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con pagos realizados a tres cooperativas de trabajo por un monto superior a los 212 millones de pesos, sin que exista constancia fehaciente de que los servicios contratados hayan sido efectivamente prestados. El organismo de control formuló inicialmente tres cargos, lo que implica sospechas de un posible perjuicio económico para el municipio. Sin embargo, se identificaron otras 11 observaciones menores, que elevan el monto total objetado a aproximadamente 230 millones de pesos. Los responsables señalados por el Tribunal son el exintendente y varios exfuncionarios, los que  ya han sido notificados y cuentan con el plazo para hacer su descargo y presentar toda la documentación para justificar las erogaciones. Si no lo hacen y la causa avanza hasta el final, deberán devolver la plata de sus bolsillos. 

Uno de esos ex funcionario es Diego Cortez, quien fue secretario de Gobierno en la gestión de Martín y actualmente concejal del departamento, quien este lunes manifestó su posición frente a la resolución del Tribunal de Cuentas, en diálogo con Demasiada Información por Radio Light. 

"Fundamentalmente, lo que estamos trabajando con los contadores de la gestión anterior, tiene que ver con que por ahí se han hecho pagos y faltaba certificación, faltaban expedientes, las firmas de algunas autoridades de cooperativas y alguna que otra firma dentro de la formulación del expediente para que salga. Lo que estamos haciendo fundamentalmente, es buscar esa documentación respaldatoria, porque se ha tomado contacto con las autoridades de las cooperativas y por supuesto que no hay ningún desconocimiento que ellos percibieron de esos pagos y por eso hay que volcar ahora la documentación al Tribunal de Cuentas", señaló Cortez. 

Cortez explicó que, anteriormente, el municipio, a través de Tesorería, pagaba a las cooperativas que brindaban servicios y trabajaban en distintos puntos del departamento, hasta que una "normativa provincial" limitó esos pagos directos a personas que cumplieran prestación de servicios. Esto quiere decir que el contador o tesorero no podían tener contacto con el dinero de cooperativa y pagarle a los distintos prestadores. Es por eso que, según continúa la explicación del ex funcionario, desde la pandemia en adelante, se empezaron a hacer transferencias a cada una de las cooperativas, las cuales deberían retirar el dinero y abonar por sí mismas los pagos al personal. 

En ese sentido, el concejal opinó, a título personal, que el sistema de cooperativas "debería tener mecanismos" que aporten mayor transparencia y no solo la IGJ (Inspección General de Justicia). 

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"Estamos trabajando solicitando la documentación pertinente a cada una de las autoridades de cooperativas, y no hemos tenido hasta el momento alguna negativa o alguna actitud que niegue que ellos hayan perseguido los pagos", señaló Cortez. 

"A mí me tocó ser funcionario Secretario de Gobierno en ese contexto y ahora me encuentro con toda esta situación que, en lo personal, desconocía y por supuesto que doy la cara y me hago responsable ante las adversidades, porque no tengo nada que ocultar", sentenció el actual concejal. 

En ese sentido, ante la posibilidad que se determine la responsabilidad de los ex funcionarios y que tengan que devolver la plata de sus bolsillos, Cortez anticipó: "Estoy insolvente. Somos una familia que tenemos una sola propiedad, un inmueble que es donde vivimos y tenemos un solo vehículo. Así que, estaríamos un poco incapaces de afrontar semejante gasto, esa es la realidad". 

Consultado sobre sus impresiones tras el cuestionamiento del Tribunal de Cuentas, Cortez dijo "no estar preocupado" ni se toma la situación con liviandad, aunque reconoció que se siente "molesto", con lo ocurrido. 

Fuentes que tuvieron acceso al expediente explicaron a este medio que en cada pago que se abonó, no está la firma del contador y si cada documento de pago no tiene la rúbrica del contador, dicho pago no debería haberse efectuado. 

Además, la fuente señala que si el contador no firmó, es porque no estaba ni la certificación ni la factura correspondiente, por lo que el tesorero no debería haber realizado la operación.