La Justicia sanjuanina investigará el caso del pago por error a un exempleado de Minera Andina del Sol

Después de idas y vueltas judiciales, la causa por el pago por error que hizo Minera Andina del Sol será investigada en San Juan. Así lo resolvió el juez de Impugnación, Renato Roca, quien rechazó la declaración de incompetencia que había firmado la jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón, y determinó que el caso debe avanzar en territorio sanjuanino.

La decisión implica que Roberto Dany Sarmiento y su esposa, Myriam Muñoz —el matrimonio oriundo de San Luis acusado de estafa por la fiscalía de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas— será investigado bajo jurisdicción sanjuanina. La resolución de Chicón había sido impugnada tanto por la fiscal Marcela Torres como por los abogados querellantes Juliana Vizcaíno y Rubén Pontoriero.

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El caso se remonta al 4 de diciembre de 2024, cuando Sarmiento fue desvinculado sin causa de Minera Andina del Sol, empresa compuesta por Barrick Mining y Shandong Gold. La firma acordó pagarle una indemnización de $107.019.000, monto que fue transferido directamente a su cuenta el 18 de diciembre.

Sin embargo, por un error interno en el área de Recursos Humanos, el 26 de diciembre se le realizó una segunda transferencia por el mismo monto. Cuando el jefe del área advirtió el doble pago, se comunicó con Sarmiento para pedirle que lo devolviera. Según la denuncia, Sarmiento le respondió: “Quedate tranquilo que cuando lo tuviera depositado lo transfiero”.

Pero eso nunca ocurrió. Ese mismo 26 de diciembre por la noche, el dinero ya estaba en poder de Sarmiento. Al día siguiente, la empresa intentó gestionarlo a través del banco, pero la entidad informó que el reintegro solo podía hacerse con la autorización del destinatario. Para el 28 de diciembre, Minera Andina del Sol se enteró de que los fondos ya habían sido transferidos a la cuenta de Muñoz, esposa de Sarmiento.

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Desde ese momento, el matrimonio desapareció. El responsable de Recursos Humanos intentó comunicarse con Sarmiento por mensajes y con al menos 18 llamados, sin obtener respuesta. Ante el silencio, la empresa envío cartas documento exigiendo la devolución del dinero. Como tampoco hubo contestación, decidió radicar la denuncia formal ante la fiscalía especializada.

Con la nueva resolución judicial, la causa finalmente avanzará en San Juan, donde ocurrieron los hechos. Se investigará si efectivamente existió una maniobra delictiva para apropiarse de los $110 millones que fueron depositados por error.