De aprobarse el reparto del Impuesto a los Combustibles, San Juan pasaría de percibir $41.502 millones a $97.127 millones en 2025

El proyecto de ley para un nuevo reparto del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), impulsado por los gobernadores y que recibió media sanción en el Senado, propone cambios sustanciales en los porcentajes a distribuir a favor de las provincias. La modificación es de tal magnitud que, según un informe nacional, si la iniciativa es aprobada, San Juan pasaría de percibir 41.502 millones a 97.127 millones de pesos en 2025. Es decir, un aumento del 134 por ciento.

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Esa diferencia a favor (de 55.625 millones de pesos) representa el 53 por ciento de lo que el Gobierno de Marcelo Orrego destinó en su presupuesto de este año en concepto de obras para vivienda y urbanismo, que fue por un total de poco más de 104.582 millones de pesos.

El informe es de Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el cual ha sido replicado por otros medios de comunicación nacionales, como Ámbito Financiero. Sucede que es un parámetro para tener en cuenta el impacto del proyecto de los gobernadores. Sin contar que también fogonearon (y tuvo el OK de la Cámara alta) una distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

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De acuerdo a una publicación de Infobae, en base a un informe del Ieral de la Fundación Mediterránea, San Juan embolsaría 10.925 millones de pesos en el segundo semestre por el reparto de los ATN, si es que se aprobara la norma.

Actualmente, los ingresos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos se reparten en un 10,4 por ciento para Nación; 15,07 para el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi); 28,69 al Sistema Único de Seguridad Social; 4,31 por ciento al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica; 28,58 al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y el 2,55 por ciento a la Compensación del Transporte Público. De esa manera, a las provincias sólo les corresponde el 10,4 restante.

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Los gobernadores, inclusive los “dialoguistas” con la gestión libertaria, vienen reclamando que la Nación no está distribuyendo la mayoría de los recursos que se recaudan a través de dicho impuesto. Por eso, propusieron la eliminación de los fideicomisos y que la torta a las provincias se eleve al 58,36 por ciento. De ese porcentaje, un 25 por ciento se giraría en partes iguales y el 75 por ciento restante, en base a los índices de coparticipación. De ahí el incremento significativo para todas las jurisdicciones.

Con respecto a los ATN, se trata de una partida que se constituye a partir del 1 por ciento de la masa coparticipable, más el 2 por ciento de la recaudación del Impuesto a las Ganancias y el 1 por ciento del 90 por ciento de lo que ingresa por Bienes Personales.

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Su destino es para atender “situaciones de emergencia y desequilibrios financieros” de las provincias, pero su manejo ha sido absolutamente discrecional por parte de todos los Ejecutivos nacionales. La iniciativa de los gobernadores apunta a que la partida de los ATN quede en un 41,2 por ciento para Nación y el 58,8 por ciento para las provincias.

Del porcentaje para las jurisdicciones, la distribución se haría en base a sus respectivos índices de coparticipación, de manera diaria y automática. San Juan posee el 3,2 por ciento.

Ahora, trascendió de medios nacionales que el Gobierno demorará todo lo posible el tratamiento de los proyectos de los gobernadores en la Cámara de Diputados de la Nación. En el medio, se verá si se abre una instancia de negociación a través de los alfiles del presidente Milei o si se produce algún tipo de presión para que las iniciativas no tengan el visto bueno.

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La movida tuvo su inicio en el Senado, a través de los legisladores que responden a los gobernadores. El sanjuanino Marcelo Orrego no tiene representantes en la Cámara alta, pero participó de las reuniones con sus pares en las tratativas que hubo con autoridades nacionales, las que no llegaron a buen puerto, al punto de que, luego, avanzarían los senadores.

La pelota estará en la cancha de la Cámara baja, en la que Orrego cuenta con las legisladoras Nancy Picón y María de los Ángeles Moreno. Se ve difícil que cualquiera de las diputadas y diputados ligados a los gobernadores no acompañen el proyecto y le asesten un nuevo revés al Ejecutivo nacional, como sucedió con el aumento a jubilados y la declaración de emergencia en discapacidad. Por eso, se verá si se abre una instancia de diálogo o, por el contrario, se avanza con los proyectos y Milei los veta, como sucedió y pasará con otros casos.