Liberaron a los dos hermanos denunciados por estafas con viviendas del IPV

Este viernes, en hora del mediodía, dos hermanos sospechados de efectuar maniobras fraudulentas con viviendas del IPV, comparecieron ante la Justicia para conocer la imputación formal sobre los hechos investigados. Se trata de Beatriz Bolado (57) y Roberto Bolado (62), los que llegaban a la audiencia de formalización en calidad de detenidos, luego de haber sido aprehendidos el pasado lunes por la tarde.

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A dicha presentación, también acudió una tercera involucrada identificada como Cecilia Masquijo, que si bien no se encontraba detenida, figuraba en el expediente como presunta cómplice de los hermanos Bolado.

Sobre los imputados recaían dos denuncias a las que se sumó una tercera en la audiencia, donde los damnificados afirmaron haber abonado una suma de dinero a la Asociación Civil Virgen del Valle (la cual estaba dirigida por los hermanos imputados), para acceder a un proyecto de vivienda impulsado por la Asociación.

El barrio nunca se construyó y la asociación civil ni siquiera figuraba como constituida legalmente. Ante estas irregularidades, las dos familias damnificadas denunciaron el hecho resultando en la detención de Beatriz y Roberto Bolado, los cuales figuraban como presidenta y secretario de la organización, respectivamente. Trascendido el caso, un tercer damnificado radicó su denuncia.

Este miércoles, durante la audiencia, el fiscal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, Nicolás Alvo, secundado por la ayudante fiscal Silvina Putelli, pidieron que a los tres involucrados se les impute el delito de estafas (en calidad de autores para los hermanos y de partícipe para Masquijo) por tres hechos y además solicitaron un plazo de Investigación Penal Preparatoria de un año y medidas coercitivas como presentarse en comisaría una vez al mes, la prohibición de salir de la provincia sin autorización judicial, la promesa de someterse al proceso y la prohibición de todo tipo de contacto con los damnificados. La querella a cargo de la abogada Fabiana Salinas adhirió a todo lo expuesto por Fiscalía.

Por el lado de la defensa, el representante legal de Roberto Bolado, el abogado Jorge Ramírez, se opuso a la calificación de la acusación, pero no prestó objeciones ni al plazo de la IPP, ni a las medidas de coerción.

Los letrados Martín Zuleta y Federico Victoria, defensores de Beatriz Bolado y Cecilia Masquijo, no se opusieron al plazo de la IPP ni a las medidas de coerción para Bolado, pero sí pidieron que dichas medidas cautelares no se apliquen para Masquijo, negando que haya tenido algún grado de participación en los hechos denunciados.

Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías, Federico Rodríguez, decidió hacer lugar al planteo de Fiscalía y ordenó 12 de meses de IPP y medidas de coerción por el mismo plazo para los tres imputados (también para Masquijo). Asimismo, ordenó la inmediata liberación de los hermanos Bolado, los cuales afrontarán el resto del proceso en libertad. 

El caso

La causa se originó a partir de las denuncias presentadas por dos familias afectadas, quienes señalaron que la maniobra fraudulenta se remonta al año 2013. En ese entonces, los hermanos Bolado promovían un emprendimiento habitacional denominado "Virgen del Valle", que supuestamente se construiría en la zona de calle General Acha, pasando calle 6, en el departamento Pocito.

El proyecto era impulsado por la Asociación Civil Virgen del Valle, encabezada por los ahora detenidos. De acuerdo a los testimonios recabados, los acusados mostraban planos del futuro barrio y aseguraban tener un convenio con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Las víctimas declararon haber abonado unos 220.000 pesos en ese momento, cifra que actualizada a valores actuales representa un daño patrimonial considerable.

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Sin embargo, el barrio jamás se construyó. Las investigaciones preliminares indican que la asociación nunca inició ningún trámite ante el IPV ni presentó documentación formal. Tampoco hay registros de que esté legalmente constituida.