Fiscalía no se quedó atrás y respondió con ironía y críticas al mediático Burlando: desde “frecuentar asiduamente la noche porteña” hasta “desconocimiento” de la causa Garder

El Ministerio Público Fiscal (MPF), a través del Supervisor de la UFI Delitos Especiales Fernando Rahme, respondió a las acusaciones brindadas por el mediático abogado Fernando Burlando a raíz de la causa Garder. El referente de fiscalía defendió la tarea realizada por el fiscal Iván Grassi, quien llevó adelante la investigación y presentó las pruebas de fraude contra la administración pública que la empresa de salud produjo contra la Obra Social Provincia. En esa línea, y luego de que Burlando se refiriera al fiscal como “trasnochado”, Rahme respondió indicando que “no sé de dónde saca eso el profesional, ya que siempre he visto a Grassi bastante despabilado”. Cabe recordar que el Supervisor tiene a cargo el control administrativo de la UFI, por lo que vela por su funcionamiento y la tarea de cada uno de los miembros de esa unidad. Así, el funcionario arremetió contra Burlando al indicar que “soy un frecuente visitador de las redes sociales y he visto al profesional frecuentar asiduamente la noche porteña”, aclarando que esa situación “es absolutamente respetable, ya que el abogado no es un funcionario público”.

No es la primera vez que el mediático abogado de Buenos Aires pisa suelo sanjuanino, vinculado en la causa Garder, donde dos propietarios de la empresa de salud, Marilina De La Fuente y Eduardo Guzmán, a 3 años de prisión efectiva por defraudar a la OSP al haber facturado prácticas médicas que nunca se realizaron. En una conferencia de prensa realizada el jueves, Burlando cuestionó la causa, la investigación y el juicio, al punto que llegó a decir que el fraude nunca existió porque el perjuicio económico contra la provincia no se configuró.

Sobre ese punto, Rahmé fue claro al expresar que “el profesional (por Burlando) sostiene que no hubo perjuicio fiscal. Le recuerdo que la sentencia dice lo contrario. Además, según tengo entendido y se me ha sido informado, la provincia, a través de Fiscalía de Estado (órgano que defiende el patrimonio provincial) intervino en el proceso como parte querellante, formuló acusación y pidió pena, lo que da la pauta de que la provincia, como damnificada, entiende que sí hubo perjuicio”.

Cabe recordar que, a través de los profesionales de Fiscalía de Estado, Claudio Herrera y José Fraifer, la provincia se presentó como querellante en la causa, al punto que, incluso, solicitó más pena contra De la Fuente y Guzmán. Mientras la provincia había pedido 9 años de prisión, el MPF solicitó 3 años de prisión efectiva, pena que finalmente fue impuesta por la Justicia. Además, una pericia contable realizada a pedido de Fiscalía de Estado arrojó que si existió perjuicio económico contra la provincia.

Por otro lado, este medio también consultó con el fiscal del caso, Iván Grassi, las expresiones de Burlando, las que apuntaron a que hubo “persecución” contra los acusados, coacción a testigos y amenazas. El fiscal recordó que quien ejerció dichos puntos fue la propia condenada, Marilina De La Fuente, incluso, a su propia hija al punto que, tras un altercado en pleno debate, el juez de la causa la obligó a presenciar el resto del juicio en otra sala. Así dijo que “(Burlando) tiene un gran desconocimiento de la causa porque los condenados, durante un año y medio que duró la causa, en ningún momento presentaron testigos y tampoco documentación y el propio Estado es el que ha dicho que hubo perjuicio económico, no una vez sino dos veces, ya que fueron dos causas las que se unificaron”.  

La causa contra Garder se inició a mediados del 2022 luego de que, a raíz de una auditoría interna, el extitular de la OSP, Miguel Greco, denunciara un presunto fraude millonario por prácticas médicas pagadas pero no realizadas. Tras un proceso de investigación y un juicio que tuvo 70 testigos y un mes de duración, fueron condenados Marilina De La Fuente y Eduardo Guzmán, a 3 años de prisión efectiva. Tras el debate ambos fueron trasladados al penal de Chimbas, medida que fue apelada por la defensa por lo que un juez de Impugnación, resolvió la libertad hasta que la sentencia quede firme.

Según se supo, la condena fue apelada por la defensa por lo que otro juez deberá definir si el castigo aplicado en primera instancia es el que corresponde.