San Juan como polo de atracción minera

La minería argentina atraviesa un momento decisivo con el impulso de proyectos gigantescos como Vicuña en San Juan, el avance de proyectos adheridos al RIGI, y la política nacional de reducción de impuestos a la exportación minera para estimular la inversión y la producción. A nivel provincial, leyes como la 10.799 de La Rioja buscan fortalecer la economía regional a través del desarrollo de proveedores y la generación de empleo local, potenciando la participación formal de la mano de obra y empresas regionales en la cadena productiva minera.

Estos elementos configuran un ecosistema favorable para que la actividad minera contribuya significativamente al crecimiento económico, la creación de empleo y la inserción internacional de Argentina como proveedor confiable de minerales estratégicos.

En un reciente evento sobre el desarrollo de la minería de cobre en Argentina, los anuncios sorprendieron con datos sobre reservas y proyectos multimillonarios que podrían transformar la economía de San Juan.

Nuestra provincia sobresale como una jurisdicción con condiciones cada vez más favorables para la exploración y desarrollo minero, comparado con otras provincias argentinas. Así es como, en la región de América Latina y el Caribe, San Juan se sitúa detrás de otros destinos mineros consolidados pero está claramente en ascenso.

El informe de la Fraser Institute posiciona a San Juan como una jurisdicción con creciente atractivo para la inversión minera gracias a mejoras en el entorno regulatorio, la calidad de la información geológica y condiciones laborales más favorables. Estos factores, combinados con la riqueza mineral de la región, hacen de San Juan un destino clave para el desarrollo minero y un ejemplo de progreso en el contexto argentino y latinoamericano.

El informe anual 2024 de este importante instituto sobre el atractivo para la inversión en el sector minero presenta a San Juan como una de las jurisdicciones más prometedoras en Argentina y en la región de América Latina y el Caribe. Este reconocimiento responde a un notable aumento en su puntuación en el Índice de Atractivo para la Inversión, reflejando mejoras significativas en las percepciones de los inversionistas internacionales. En el último año, San Juan experimentó un incremento de 2.50 puntos en su puntuación de este índice, pero viene escalando posiciones cada año.

En el año 2021 San Juan se ubicaba en el puesto 26, luego en el 2023 subió al puesto 21 y en el 2024 se ubicó en la posición 14 de un total de 82 jurisdicciones evaluadas globalmente. Este avance representa un salto más que importante.

Factores que impulsan la confianza del inversor

Dentro de los factores positivos, mineros e inversionistas expresaron menores preocupaciones en tres ámbitos clave para San Juan, un mejor acceso y calidad de la información geológica, fundamental para evaluar proyectos de exploración minera, un entorno laboral más predecible y amigable para la minería y la disponibilidad de mano de obra calificada.

El tiempo para la obtención de permisos para exploración minera en San Juan es otro aspecto destacado, donde la mayoría de los encuestados indica tiempos razonables para la aprobación de licencias en contraste con otras regiones. Esto contribuye a disminuir incertidumbres y costos asociados al inicio de proyectos mineros, fortaleciendo el atractivo local.

Si San Juan se enfoca en la tarea continua de evitar incertidumbres vinculadas a regulaciones y mejorar la eficiencia en los procesos de permisos puede consolidar aún más la confianza del sector privado. La transparencia en la administración minera y la mejora en infraestructura son otros aspectos que también podrían potenciar su posicionamiento futuro.

El informe señala también desafíos que afectan a la provincia y que podrían ser objeto de mejoras, como la gestión de reclamos territoriales y áreas protegidas, aspectos que generan cierta incertidumbre entre los inversionistas y representan barreras a la eficiencia en el sector.

En resumen, San Juan se posiciona como un destino atractivo para la inversión minera en Argentina y la región latinoamericana, gracias a su combinación de alto potencial mineral y políticas públicas relativamente favorables. La provincia se beneficia de un entorno regulatorio que favorece la exploración y desarrollo minero, aunque debe seguir avanzando en la reducción de incertidumbres para consolidar y potenciar aún más la confianza de los inversionistas en este sector estratégico.

Proyecto Vicuña: Mega Inversión histórica en San Juan

El proyecto Vicuña, resultante de la fusión entre la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, que integrará los proyectos Filo del Sol y Josemaría en la provincia de San Juan, representa una inversión que supera los 15 mil millones de dólares, con potencial de extenderse hasta 17 mil millones, posicionándose como la mayor inversión extranjera directa en la historia argentina. El objetivo es explotar grandes yacimientos de cobre, oro y plata, convirtiendo al distrito Vicuña en uno de los depósitos de cobre más importantes a nivel mundial. 

Actualmente se encuentran en etapa de exploración avanzada y construcción de obras tempranas, con más de 1.500 empleados, de los cuales el 78% son sanjuaninos. La empresa planea presentar su adhesión al Régimen de Incentivo a la Gran Inversión (RIGI) y así sumarse a los otros 5 proyectos mineros que ya han solicitado su adhesión al régimen. Aunque algunos proyectos aún están en fase de evaluación, la expectativa es que el RIGI impulse un fuerte crecimiento y desarrollo de la minería en las próximas décadas.

Regulaciones e Incentivos fiscales

No menos importantes en este aspecto son los incentivos fiscales. El Gobierno nacional promulgó el Decreto 563/2025, que elimina los derechos de exportación para una amplia gama de productos mineros, tanto metalíferos como no metalíferos, así como para rocas de aplicación y piedras preciosas. La medida establece una alícuota del 0% para 231 productos mineros, que representan un sector que aporta alrededor del 6% de las exportaciones argentinas y constituye el quinto complejo exportador del país. Se busca reducir la carga tributaria para incentivar inversiones, fomentar el valor agregado local, promover el ingreso de divisas y aumentar la competitividad externa.

Otro capítulo importante lo representan las regulaciones provinciales. El 5 de junio de 2025, la provincia de La Rioja sancionó la Ley 10.799, orientada a promover y fomentar la contratación de proveedores y mano de obra local para las empresas mineras que operen en esa provincia. 

Como ya lo hicieron otras leyes provinciales, La Rioja estableció criterios para la inscripción y certificación de proveedores locales, obligando a las empresas mineras a contratar al menos el 70% de su monto anual de obras, bienes y servicios a proveedores inscritos en un registro provincial específico, priorizando la contratación de empresas y trabajadores con domicilio en el departamento donde se ubica el proyecto minero, luego en la región y finalmente en el resto de la provincia, lo que se conoce globalmente como “Clusters” mineros.

Por ello, se crea el Registro Provincial de Proveedores de Empresas Mineras, con funciones de control, registro, actualización anual y promoción del desarrollo de proveedores locales. Asimismo, las empresas deben presentar planes de compras a tres años y cumplir con obligaciones de reportes periódicos, bajo rigurosas sanciones en caso de incumplimiento, que pueden incluir multas de alto monto o exclusión del registro.

La ley incluye también beneficios fiscales y crediticios para quienes cumplan estos requisitos y promuevan la contratación de mujeres y jóvenes, impulsando la equidad y la formalización laboral en el sector. Se garantiza además la privacidad de la información conforme a leyes nacionales de protección de datos.

El análisis de las leyes y normativas sobre clusters mineros en Latinoamérica y el mundo muestra que estos marcos legales buscan fomentar la integración de proveedores locales, el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero a través de políticas públicas concretas y arreglos institucionales.

En la región, existen diferencias importantes en la regulación minera y en la forma en que se apoyan los clusters mineros. Países como Chile, Perú y Colombia han desarrollado marcos normativos que, si bien no siempre incluyen leyes específicas para clusters, sí promueven la creación de aglomeraciones/productivas en torno a la minería que favorecen la innovación y el desarrollo de proveedores locales.

En Chile, aunque no hay una ley específica para clusters, el gobierno apoya la investigación, desarrollo tecnológico y la vinculación entre actores para fortalecer la competitividad del clúster minero. Perú también dispone de leyes de promoción minera y normativas ambientales que enmarcan la actividad minera, y además impulsan la integración de empresas en clusters con el objetivo de lograr desarrollo sostenible en áreas mineras, involucrando actores públicos, privados y comunidades locales.

En otros países con tradición minera avanzada como Australia, también se emplean clusters mineros para fomentar la innovación y la competitividad. En estos casos, la gobernanza de clusters se basa en acuerdos público-privados y políticas que articulan la interacción entre empresas mineras, proveedores, centros de investigación y gobiernos para consolidar cadenas de valor eficientes y sostenibles, con iniciativas crecientes para fortalecer las Pymes proveedoras mediante clusters de minerales estratégicos.

La regulación internacional muestra que no suelen existir leyes de clúster minero específicas, sino marcos regulatorios generales para la minería acompañados de políticas industriales, programas de apoyo a proveedores y esquemas de innovación que en conjunto fortalecen la estructura productiva y territorial alrededor de la minería.

Al momento de regular y fortalecer la actividad, San Juan debería analizar en detalle el derecho comparado y sancionar normas que, lejos de imponer condiciones inviables, alienten e impulsen el capital emprendedor, con una visión global de los negocios, en conclusión, mirar experiencias regionales y globales para diseñar leyes y políticas públicas que consoliden clusters mineros robustos y sostenibles, alineados con el desarrollo económico y social de la provincia y el país.