La causa de los federales que le robaron $20 millones a un camionero ya está en el Tribunal, a la espera de la fecha del juicio

El hecho resultó un escándalo: cuatro policías federales quedaron en la mira de la Justicia por robarle 20 millones de pesos a un camionero en un procedimiento en Vallecito, Caucete, en abril del año pasado. El expediente fue elevado y ya se encuentra desde hace una semana en el Tribunal Oral Criminal Federal, cuyos jueces integrantes deben fijar el inicio del juicio, luego de que fiscalía y los defensores ofrezcan sus respectivas pruebas. Una fecha que barajan en el Tribunal es diciembre, aunque no descartaron que pase para el año que viene.

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Los uniformados que serán juzgados son el oficial subinspector Matías Joaquín Barbeito, el cabo Matías Leonel Vega Ante, el cabo primero Marcos Horacio Altamirano y el sargento Gabriel Ángel Puca. Todos habían sido procesados como presuntos coautores del delito de robo agravado por cometerse en un lugar poblado y en banda, además de ser ejecutado por miembros de una fuerza de seguridad, sumado a la violación de sus deberes de funcionarios públicos.

Los policías habían sido procesados por el juez Leopoldo Rago Gallo, titular del Juzgado Federal Nº2. Luego, el fiscal Francisco Maldonado pidió la elevación de la causa a juicio, cosa que el magistrado realizó hace dos semanas. El expediente ahora está en manos de los jueces del Tribunal, Hugo Echegaray, Daniel Doffo y Eliana Rattá.

El caso estalló el 26 de abril cuando sorprendió el allanamiento en la Agencia Regional Cuyo de la Policía Federal. Personal de Gendarmería detuvo a un grupo de uniformados en dicha sede y, luego, apresó al resto en sus respectivos hogares.

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Sin embargo, el origen del escándalo se remonta a dos días antes, en la madrugada del 24 de abril. El camionero Eusebio Arce pasaba por el control Fitosanitario de Vallecito, en Caucete, y fue parado por los policías federales.  Arce había partido de Tucumán, con destino al Mercado Cooperativo de Guaymallén, en Mendoza, para comprar verduras y frutas. Para tal fin, transportaba 31 millones de pesos, una compraventa que ya tenía acreditada con las facturas correspondientes.

Según la denuncia del chofer, el cabo primero Altamirano revisó la cabina del camión, donde encontró una bolsa que contenía 10 millones de pesos y un paquete con un millón. Posteriormente, los efectivos le solicitaron que abriera otros compartimientos, en los que hallaron otras dos bolsas, cada una con 10 millones de pesos.

Arce relató que los uniformados bajaron las bolsas, las colocaron en el piso y le hicieron firmar un acta, aunque no le entregaron una copia.

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El juez federal Leopoldo Rago Gallo había concluido en su procesamiento que el camionero sufrió un “claro amedrentamiento policial”. Los efectivos lo acusaron de ser un "puntero", es decir, un conductor que va adelante en un viaje para alertar sobre movimientos o controles policiales a otro vehículo que viene de atrás transportando, por ejemplo, un cargamento de droga. Con ese pretexto, le quitaron el celular y le revisaron sus mensajes de WhatsApp.

Finalmente, los policías le permitieron continuar su camino con tan solo 11 millones de pesos, apropiándose ilegalmente de los restantes 20 millones. El burdo motivo que le esgrimieron a Arce fue que no podía circular con una cantidad tan elevada de dinero. Por ello, le comunicaron que el monto sustraído sería supuestamente secuestrado y puesto a disposición del Juzgado Federal N°2.

En su resolución, Rago Gallo había indicado que ese argumento fue una estrategia calculada para que el camionero y su jefe no reclamaran el dinero, sembrando en ellos la duda o el temor de haber cometido un delito al transportar más efectivo de lo que, presuntamente, estaba permitido de manera legal.

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Sin embargo, Florentino Condorí, el dueño del camión, al enterarse de la situación, acudió al Juzgado para solicitar la devolución de los 20 millones de pesos. Fue en ese momento cuando las autoridades judiciales descubrieron la escandalosa maniobra, dado que no habían autorizado ni estaban al tanto de un procedimiento policial de tal envergadura.

La investigación contó con pruebas decisivas, entre ellas, los testimonios de los trabajadores del Control Fitosanitario de Vallecito. Dos empleados se erigieron como testigos fundamentales al observar las maniobras sospechosas de los uniformados y, con sus declaraciones, desbarataron la estrategia defensiva de dos de los cuatro acusados, el oficial subinspector Barbeito y el cabo primero Altamirano.

Los testigos declararon que, en la madrugada del 24 de abril, vieron a los policías controlando el vehículo de Arce por un tiempo mayor que al resto de los que habían circulado. En total, fueron unos 30 minutos. Además, notaron unas bolsas negras en el piso, que, coincidentemente, contenían la plata sustraída.

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Tales declaraciones refutaron la versión esgrimida por Barbeito y Altamirano. Ambos habían señalado que estaban realizando tareas investigativas y que notaron cómo un auto gris intentó alejarse de la zona de control, lo que los llevó a abordarlo. Luego, afirmaron haberlo dejado partir, pero lo siguieron hasta que se inició una persecución, tras la cual le perdieron el rastro, y que se retiraron del lugar entre las 0:30 y las 0:45 de ese 24 de abril.

No obstante, los testigos del Control Fitosanitario no reflejaron en sus declaraciones ningún operativo policial sobre un auto gris. Además, la geolocalización de los celulares de los imputados los ubica en Vallecito al menos hasta las 2 de la madrugada, lo que contradice su versión de partida a las 0:45. A su vez, el horario de las 2 de la madrugada coincide plenamente con lo denunciado por el camionero6.

Otra prueba fue la identificación de los sospechosos en rueda de reconocimiento. En esa instancia, Arce había señalado directamente a Vega Ante como el policía al que se referían como "el jefe", por su rango de oficial. Asimismo, identificó a Altamirano como el efectivo que lo interceptó y llevó a cabo casi todo el procedimiento, y a Barbeito como el encargado de labrar el acta.