El Gobierno demandará civilmente a los autores identificados de las falsas amenazas de bombas

Ante las recientes amenazas de bomba en edificios públicos, sumando un total de 20 en lo que va del año, el Gobierno provincial decidió tomar acciones más directas para prevenir y evitar estas conductas delictivas que demandan una importante movilización de efectivos policiales y recursos para llevar a cabo cada operativo. El Estado provincial demandará a los autores identificados de las falsas amenazas efectuadas. 

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"Estas conductas, en donde el Estado Provincial es víctima, además de generar alarma social y desviar recursos públicos esenciales, constituyen hechos de gravedad que no pueden quedar impunes", indicaron en un comunicado de prensa. 

Lo que se busca al endurecer estas sanciones, es que el Estado obtenga al menos una indemnización por el perjuicio económico que ocasiona una amenaza falsa. La preocupación es que estas conductas se han reiterado, aumentando significativamente en las últimas semanas, y en cada ocasión se activó el protocolo de seguridad, que demanda la intervención de varias dependencias policiales, Bomberos, la División Anti Explosivos, la evacuación del edificio afectado y la búsqueda y revisión de todo el establecimiento. 

Con estas medidas, se busca sancionar duramente a todos aquellos que tengan este tipo de conductas y obtener una reparación integral. 

Además, en los casos penales en donde se ha identificado la participación de personas menores de edad, se solicitará la intervención de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, a fin de garantizar un abordaje integral que contemple tanto la dimensión legal como la socioeducativa del menor en conflicto con la ley penal, con la participación de su círculo familiar, vecinal y social, según corresponda y de acuerdo a lo que dictamine el estudio de los gabinetes técnicos de la propia Dirección o bien, según lo crea conveniente, mediante el Programa de Justicia Restaurativa Juvenil, a cargo del Poder Judicial de la Provincia de San Juan, con el objetivo de promover el análisis, la reflexión, y la prevención de futuras conductas de riesgo.

De esta manera, independientemente de que Fiscalía de Estado forme parte de cada caso en el ámbito penal, se busca trasladar estos casos al ámbito civil. 

Cabe destacar que hasta el momento, de los 20 casos conocidos y registrados hasta el momento, en solo dos de ellos, el Sistema Acusatorio aplicó multas millonarias: la bioquímica que hizo una falsa amenaza sobre el Hospital Rawson y los dos menores que hicieron el llamado a la Escuela Boero. En ambos casos se desplegó un megaoperativo que demandó la evacuación de los edificios para descartar que hubiera explosivos en el lugar. 

Otros casos como el de Juan Carlos Sale, el autor de la amenaza de bomba antes del show de Lali en el estadio Aldo Cantoni, solo tuvo una condena condicional y una multa por la tenencia ilegítima de arma de fuego. En esa ocasión, Fiscalía de Estado manifestó su desacuerdo con la resolución judicial y que apelaría el fallo.