Pese al anuncio del endurecimiento de sanciones económicas, se registraron cuatro nuevas amenazas de bomba y ya son 24 en lo que va del año

En el último año, las amenazas de bomba se multiplicaron en San Juan, generando alarma, evacuaciones masivas y un enorme despliegue de recursos públicos. Aunque todas resultaron falsas, cada hecho obligó a activar protocolos de seguridad, con el consiguiente costo económico y social. Eso es materia de preocupación del Estado provincial, que anunció fuertes sanciones económicas en el ámbito civil (en paralelo al proceso penal) para todos los responsables de estas llamadas falsas. 

El primer caso de 2025 ocurrió el 6 de marzo, cuando un llamado anónimo advirtió sobre un supuesto explosivo en el Centro Cívico. Emanuel Lucero, que recientemente había sido liberado del Penal de Chimbas, fue condenado a dos años de prisión efectiva tras ser identificado como el autor.

En junio, el Hospital Rawson fue evacuado tras una amenaza realizada desde las inmediaciones del edificio. La responsable, Rosario Cortez, bioquímica y empleada del hospital, recibió una probation y deberá pagar $4 millones, además de cumplir tareas comunitarias.

Apenas un día después, otro llamado generó confusión en tres escuelas, forzando evacuaciones en Capital y Rawson. Se determinó que la autora fue una menor de edad. Días más tarde, la Escuela Eugenia Belín Sarmiento también fue blanco de una falsa amenaza, nuevamente atribuida a una menor.

El caso más resonante fue el del 30 de julio en la Escuela Boero, donde más de 1.500 alumnos fueron evacuados. Dos estudiantes mayores de edad fueron imputados y deberán pagar $4 millones en concepto de reparación.

Incluso espectáculos públicos se vieron afectados. El 1 de agosto, el show de Lali Espósito en el Estadio Aldo Cantoni fue demorado por una amenaza que hasta incluyó tintes políticos. Juan Carlos Salem, de 74 años, fue condenado a tres años de prisión en suspenso tras admitir su autoría.

Ese mismo día, otra escuela en el Barrio Valle Grande fue evacuada por una nueva amenaza. Y semanas después, el Centro Cívico volvió a ser blanco de una llamada, esta vez realizada por un menor de 14 años, entregado por su propia madre.

Posteriormente, en solo nueve días, desde el 26 de agosto hasta el 4 de septiembre se registraron al menos cinco amenazas más en escuelas de distintos departamentos y también en el Cívico: 

• En la Escuela de Enología
• En una escuela agrotécnica de Zonda
• En la Escuela Augusto Pulenta, en San Martín 
• En el Centro Cívico (la tercera del año)
• En la Escuela Pablo Ramella, en Rawson

También entre el 12 y el 16 de septimebre, es decir, en un lapso de cuatro días, se registraron cuatro nuevas amenazas tanto en el edificio de la administración pública, en escuelas y en el Penal. 

El viernes 12 de septiembre el Centro Cívico, por cuarta vez en el año, fue el blanco de los "llamadores" anónimos. Tras la evacuación de rigor, se descartó la presencia de explosivos en el lugar. 

Apenas un día después, el objetivo de las amenazas falsas fue el Servicio Penitenciario Provincial, cuando un llamado en horas de la tarde alertó por la presencia de una bomba en el lugar. El operativo incluyó una importante cantidad de efectivos y demandó cuatro horas de trabajo. 

Dos días después, el 15 de septiembre, la Escuela La Capilla, en Barreal, tuvo que ser evacuada por una amenaza de bomba. El caso, como todos los anteriores, quedó bajo investigación de la UFI Genérica. 

La amenaza falsa número 20 se produjo el 16 de septiembre y tuvo al Centro Cívico como blanco por quinta vez en lo que va del 2025. Tras el desalojo y el posterior operativo, se descartó que haya explosivos. 

La decisión del Gobierno

Ante la creciente cantidad de estos episodios delictivos y el gasto de recursos por parte del Estado en los operativos, Fiscalía de Estado confirmó que además de presentarse como querellante en todas las causas en el ámbito penal, que se registraron en el año y de ahí en adelante, además iniciaría acciones en el fuero civil, para lograr que los imputados paguen una reparación integral por el perjuicio económico que esto le genera a las arcas provinciales. 

Estas demandas civiles arrancarán desde los 4 millones de pesos y por los menores involucrados deberán responder sus padres. 

Pese al anuncio de Fiscalía de Estado, se registraron otras cuatro amenazas de bomba. 

Tres de ellas fueron en una sola escuela: Ejército de Los Andes, en el departamento Rawson. Estos tres llamados se registraron durante tres días consecutivos: miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de septiembre y tuvo como protagonista a un exalumno de la escuela identificado como Axel Muñoz, de 20 años (quien fue imputado) y se investiga si hubo menores involucrados. 

Finalmente, la amenaza número 24 en este 2025 ocurrió este jueves 25 de septiembre, a primera hora de la mañana, cuando un llamado anónimo alertó a las autoridades de la Escuela Balcarce, en Santa Lucía, la cual debió ser evacuada de inmediato. 

Estos son los casos registrados hasta el momento. En el caso de la Escuela Antonio de la Torre, si bien fue un solo llamado, para despejar todo tipo de duda se realizaron tres operativos en tres escuelas de nombres similares. Y luego, cabe destacar el caso de la Escuela Ejército de los Andes, la cual sufrió tres amenazas en durante tres días consecutivos. 

Si bien la prevención de este tipo de conductas se ha convertido casi en una cuestión de Estado, para lo cual ya se está trabajando interministerialmente y codo a codo con la Justicia, eso parece no haber detenido la actitud de los llamadores anónimos.