Los imputados por estafas con vivendas del Barrio UDA II sumaron cuatro nuevas denuncias y ya son 40 en su contra

Este martes, Segundo Salazar y Miguel Cerefino Aciar volvieron a comparecer ante la Justicia para escuchar nuevas acusaciones en su contra, en el marco de la causa que los investiga por presuntas estafas con viviendas del Barrio UDA II, caso que estalló en abril pasado. Esta audiencia de ampliación de objeto de la Investigación Penal Preparatoria fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal

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El fiscal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, Nicolás Alvo, en su presentación, confirmó que se sumaron cuatro nuevas denuncias a las 36 originales con las que se abrió la causa. En la audiencia de formalización de abril pasado, el fiscal había barajado la posibilidad de que se sumen nuevas presentaciones y efectivamente, así sucedió y ya son 40 las familias que denunciaron ser víctimas de estas maniobras fraudulentas. 

Estos cuatro nuevos denunciantes señalaron haberse vistos perjudicados en la compra de carpetas para el barrio (compra que efectuaron a la Cooperativa La Fraternidad que presidían Salazar y Aciar), pero al momento de la entrega del barrio no recibieron casa. 

Ahora, según lo establece el Código Penal, corren nuevos plazos para la investigación penal, la cual se renueva por doce meses, contando a partir de hoy, por lo que la misma se extenderá hasta octubre de 2026. 

El caso 

El conflicto se originó en 2006, cuando familias comenzaron a comprar carpetas para acceder a viviendas en el barrio UDA II, ubicado en Rawson, a través de la cooperativa La Fraternidad, que actuaba como intermediaria entre los compradores y el gremio UDA, mientras que el IPV sería responsable de la construcción.

Con el paso del tiempo, la cooperativa vendió 145 carpetas, superando ampliamente las 86 viviendas disponibles. Al ser consultados, los responsables explicaron que el excedente correspondía a un supuesto futuro anexo con 60 viviendas más, que nunca se concretó.

El 4 de noviembre de 2022 se entregaron las casas, pero cerca de 60 familias que habían pagado durante años quedaron fuera. Solo 36 de ellas iniciaron acciones legales, denunciando una presunta estafa al no recibir viviendas ni reembolso. 

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Por el caso, Salazar y Aciar (que figuran como presidente y vice de la cooperativa, respectivamente), quedaron imputados por el delito de desbaratamiento de derechos acordados. Además, Aciar está vinculado otro caso por estafas con viviendas: la de los barrios Textiles II y los Nogales VI, la cual ya suma 176 denuncias.