El empresario Ponte recusó al juez y estira el inicio del juicio en su contra por una evasión de $207 millones

Cuando estaba por empezar el juicio por evasión agravada contra Manuel Ponte, exdueño de Autotransporte San Juan Mar del Plata, su abogado hizo una jugada de último momento: recusó al juez federal Daniel Doffo porque entendió que prejuzgó al no resolver un planteo que había realizado. En cambio, el magistrado sostuvo en la audiencia que difería esa decisión al momento de la sentencia, por lo que rechazó apartarse del caso. Una maniobra defensiva que sirvió para estirar el comienzo del debate contra el empresario sanjuanino a quien la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) le reclama 207 millones de pesos.

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El juicio se corrió hacia adelante porque, ahora, uno de los restantes jueces del Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF), Eliana Rattá o Hugo Echegaray, debe definir si su colega sigue o no. Si bien el defensor ganó tiempo, ¿qué puede lograr? Trascendió de fuentes calificadas que el empresario trató de cancelar la totalidad de la deuda con el fisco (y no en cuotas, como lo había planteado anteriormente), pero que habría tenido problemas con la página del organismo para obtener el Volante Electrónico de Pago (VEP).

Entonces, ¿busca saldar su obligación fiscal para tratar de evitar el juicio y un eventual castigo? Es probable, aunque el abogado querellante de ARCA, Patricio Escubier, al igual que el fiscal Fernando Alcaraz, se mostraron en contra de que a Ponte se le extinga la causa tras el pago de la deuda. Por lo tanto, ya han sostenido que debe enfrentar un debate oral y público, en el que se expone a recibir un castigo de cumplimiento efectivo, ya que carga con una condena de 2 años y 6 meses por evasión y apropiación de recursos de la seguridad social.

Si recibiese una nueva pena, que se acumularía con la anterior, tiene grandes chances de cumplirla en su casa, ya que se trata de un hombre de 75 años y la ley prevé ese tipo de beneficio.

El organismo recaudador fiscalizó los ejercicios 2014, 2015 y 2016 del empresario, en los que determinó que evadió 16.423.989 pesos en el primer año, 13.974.892 en el segundo y 2.415.105 pesos en el tercero. En ese entonces, el total era de 32.738.008 pesos, pero la ex AFIP lo actualizó y hoy da 207 millones de pesos.

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De acuerdo a las fuentes, el abogado del empresario, Daniel Sosa Arditi, planteó a poco de arrancar el juicio que uno de los períodos fiscalizados estaba prescripto y pidió que el juez Doffo resolviera el tema. El magistrado sostuvo que lo iba a definir al momento de la sentencia, dado que ese tipo de recurso debe exponerse en la etapa de investigación o antes de que haya sido fijada la fecha del debate.

Ante esa repuesta, el defensor lo recusó porque entendió que adelantó opinión. Sin embargo, Doffo sostuvo que el hecho de diferir la resolución al momento de la sentencia (que es el momento que indica el Código Procesal Federal en esta instancia del proceso) no significa prejuzgar porque, de hecho, no se adelantó opinión sobre la cuestión de fondo. Por eso, rechazó la recusación, pero, de todas formas, la debe resolver uno de sus colegas. Si confirman su continuidad, el abogado puede acudir a la Cámara Nacional de Casación Penal para que se revise esa decisión, pero eso no suspende la reanudación del proceso.

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Ponte enfrenta la acusación de evasión agravada, dado que omitió declarar ante el fisco los montos en las cuentas bancarias que tiene en España. Así, ocultó el llamado hecho imponible (ingresos, rentas) del Impuesto a las Ganancias. Según la acusación, durante la fiscalización de la ex AFIP, el empresario no solo no aportó ninguna documentación sino que negó la existencia de las cuentas, las que fueron confirmadas por organismos recaudadores internacionales.

La otra maniobra que se le endilga a Ponte es el ocultamiento de los ingresos generados con la venta de la empresa Autotransporte San Juan Mar del Plata en 2014. La operación está alcanzada por el Impuesto a las Ganancias y no fue declarada en la presentación del período fiscal de ese año, ni en 2015 ni en 2016.

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El empresario trató de zafar del juicio al entrar en un plan de pago de nueve cuotas para que se extinguiera la acción penal, pero Fiscalía y querella se opusieron porque, en líneas generales, ya carga con un castigo previo que impide ese tipo de beneficio.

La condena fue de 2 años y 6 meses de cárcel en suspenso, de diciembre de 2023, por 21 hechos de retención indebida de aportes del 2007 a 2011, otros 21 hechos por evasión impositiva de I.V.A. de 2010 a 2014 y siete hechos de evasión al Impuesto a las Ganancias de 2010 y 2012. En su nueva acusación, de acuerdo al Régimen Penal Tributario, la evasión agravada tiene penas que van de 3 años y 6 meses a 9 años de prisión.