Recompensa de $10 millones para capturar a un condenado por abuso sexual que está prófugo desde hace años

La medida quedó oficializada a través de la Resolución 88/2026, publicada en el Boletín Oficial, luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n.º 15, presidido por el juez Adrián Norberto Martin, solicitara en dos oportunidades —octubre y diciembre de 2025— que se ofreciera una recompensa para dar con el condenado.

Giménez fue sentenciado a 15 años de prisión por abuso sexual agravado, abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal reiterado en dos oportunidades, todos cometidos contra sus hijos menores de edad. Los delitos fueron agravados por el vínculo familiar y la convivencia preexistente, y se cometieron entre 2005 y 2006, en concurso ideal con corrupción de menores. Tras conocer la sentencia en su contra, Giménez se dio a la fuga. Desde 2015 pesa sobre él una orden de captura nacional e internacional, sin que hasta el momento se haya logrado su detención.

De acuerdo con la información oficial, los últimos domicilios conocidos del prófugo estarían ubicados en Ruta Nacional N.º 2, kilómetro 24, en la ciudad de Capiatá, o en el poblado de Villa Rica, ambos en la República del Paraguay, lo que refuerza la hipótesis de que podría encontrarse fuera del país.

La recompensa fue dispuesta por la cartera de Seguridad que encabeza Alejandra Monteoliva y está destinada a quienes, sin haber participado en los delitos, aporten datos útiles y verificables que permitan la captura de Giménez.

Desde el Ministerio indicaron que cualquier persona con información puede comunicarse de forma anónima a la línea gratuita 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos. Además, se garantizó la reserva absoluta de identidad de los informantes y se aclaró que el pago se realizará una vez corroborados los datos aportados.

Otra recompensa por $5 millones

En el mismo paquete de resoluciones, el Gobierno nacional también fijó una recompensa de $5 millones para dar con Maximiliano Ariel Liquitay, condenado por el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Salta a 9 años y medio de prisión por narcotráfico y lavado de activos. Liquitay formaba parte de una organización narcocriminal y cumplía funciones clave en la gestión de los vehículos utilizados por la banda.