Un juez argentino pidió a EE.UU la extradición de Nicolás Maduro para indagarlo por delitos de lesa humanidad

La Justicia argentina dio este miércoles un paso relevante en la causa que investiga presuntas violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela. El juez federal Sebastián Ramos, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, firmó un pedido formal de extradición del presidente venezolano Nicolás Maduro a los Estados Unidos, con el objetivo de que sea trasladado a la Argentina para prestar declaración indagatoria.

La resolución, fechada el 4 de febrero de 2026, activa mecanismos de cooperación judicial internacional. El magistrado fundamentó la medida en la hipótesis de que Maduro “habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de su libertad hacia los Estados Unidos de América”, lo que habilitaría la solicitud de extradición para su comparecencia ante los tribunales argentinos.

En ese contexto, los juzgados federales de Comodoro Py buscan garantizar el avance del proceso judicial en el marco del principio de jurisdicción universal vigente en la Argentina.

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El exhorto a Estados Unidos

En su resolución, Ramos ordenó librar un exhorto internacional a las autoridades competentes de los Estados Unidos para solicitar formalmente la extradición de Nicolás Maduro Moros. El pedido se sustenta en el Tratado de Extradición firmado entre la República Argentina y los Estados Unidos el 10 de junio de 1997.

El objetivo de la medida es someter al mandatario venezolano a proceso penal y cumplir con el llamado a declaración indagatoria, un acto procesal que resulta indispensable para evaluar un eventual procesamiento. Dicha indagatoria había sido ordenada originalmente por la Sala I de la Cámara Federal porteña el 23 de septiembre de 2024 y ratificada el 15 de enero de 2026.

Para agilizar el trámite, el juez dispuso la traducción urgente del exhorto y de la documentación anexa, y ordenó que la solicitud se canalice a través de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

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Aplicación del principio de justicia universal

La decisión del juez Ramos se inscribe en una orden previa de la Cámara Federal. En la causa CFP 2001/2023, los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens resolvieron aplicar el principio de justicia universal, que habilita a los Estados a investigar y juzgar crímenes de lesa humanidad con independencia del lugar donde fueron cometidos o de la nacionalidad de las personas involucradas, cuando no existen garantías judiciales en el país de origen.

Según lo señalado en la resolución, la Justicia argentina consideró que en Venezuela no se encuentran aseguradas las condiciones necesarias para una investigación independiente de los hechos denunciados.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el Foro Argentino para la Democracia en la Región (FADER) y la Fundación Internacional para la Libertad, y se sustenta en testimonios de víctimas que denunciaron persecuciones, detenciones arbitrarias y torturas por parte de organismos de inteligencia venezolanos.

Interpol y otras medidas

En el mismo fallo, el juez Ramos ordenó notificar la decisión al Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina, ratificando la vigencia de las alertas rojas internacionales que pesan sobre Maduro y otros funcionarios venezolanos investigados en la causa.

Asimismo, dispuso comunicar lo resuelto al fiscal federal Carlos Stornelli y a las querellas. El magistrado también rechazó presentaciones realizadas por terceros que no acreditaron legitimación o representación válida, con el fin de concentrar el trámite procesal en las medidas centrales de cooperación internacional.

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Con información de: INFOBAE