El Gobierno anunció las modificaciones en la TV Pública y recortará 500 puestos de trabajo

El Gobierno nacional confirmó que la TV Pública cambiará de nombre en el marco de un proceso de reordenamiento del sistema de medios estatales. El anuncio fue realizado por el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien sostuvo que la decisión apunta a marcar un quiebre simbólico con la identidad que tuvo la señal en los últimos años.

Según explicó el funcionario, la intención oficial es que el canal tenga una impronta “menos kirchnerista”, aunque aclaró que, por el momento, no está en los planes una privatización formal. “Mostrar un cambio de nombre es algo simbólico”, afirmó Adorni al referirse a la medida.

La redefinición de la TV Pública se inscribe en un proceso iniciado en febrero de 2024, cuando el Gobierno intervino Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Artísticos e Informativos. Esa intervención fue recientemente prorrogada hasta el 1° de febrero de 2027 mediante un decreto que alcanza tanto a la señal televisiva como a Radio Nacional y sus más de 50 emisoras en todo el país.

Adorni reconoció que el Ejecutivo no puede avanzar con una privatización directa de los medios públicos debido a las restricciones establecidas por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522, aprobada en 2009. La normativa define el carácter público, social y federal de estas empresas y exige el aval del Congreso para cualquier cambio estructural profundo, lo que funciona como un “candado” legal.

Ante ese escenario, el Gobierno optó por una reestructuración interna que incluye una fuerte reducción de costos. Entre las medidas ya aplicadas figuran retiros voluntarios, la eliminación de programas propios y de noticieros de fin de semana, y el reemplazo de contenidos por repeticiones o producciones de bajo costo. Según reconoció el propio Adorni, el objetivo es “achicar todo lo que se pueda” para volver a la señal más eficiente, sin descartar incluso la posibilidad de un cierre a futuro.

Desde el sector sindical, la reacción no tardó en llegar. Gremios como SATSAID, SiPreBA, APJ y SALCo denunciaron que los salarios permanecen congelados desde agosto de 2024 y alertaron sobre una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Según señalaron, parte del personal se encuentra por debajo de la línea de pobreza, lo que profundiza el conflicto con la administración nacional.

Mientras tanto, el cambio de nombre de la TV Pública aparece como el gesto más visible de una política que busca redefinir el rol de los medios estatales, en un debate que vuelve a poner en el centro la relación entre comunicación pública, ajuste y marco legal vigente.