En la Unidad para cerrar las causas del viejo sistema penal, el 59,1% de los casos resueltos terminó con sobreseimientos en los últimos 3 años

Los casos delictivos empezaron a ingresar al sistema penal acusatorio (caracterizado por la investigación fiscal) de manera parcial en 2021 y de forma total en 2024. Así, los expedientes con delitos anteriores a esos años entraron a una Unidad creada para la Finalización de Causas del Sistema Mixto, el cual tenía a los jueces como cabezas de las pesquisas. De acuerdo a las estadísticas oficiales del Poder Judicial, de 2023 a 2025, se resolvieron 2.653 casos, de los cuales, 1.568 (el 59,1 por ciento) culminaron con sobreseimientos. Es decir, la persona quedó desvinculada totalmente, lo que sucedió porque no hay pruebas contra el imputado o porque prescribió la causa.

Esto último se produce cuando pasa el tiempo y no hay avances en la investigación o, directamente, por inacción judicial. Así, se extingue la acción penal contra el implicado y el expediente se archiva. El plazo tiene en cuenta el máximo de la pena prevista del delito por el que es investigado una persona. Por ejemplo, el castigo más duro para robo simple es de seis años. Si en ese período, el caso no se movió, el imputado es sobreseído por prescripción.

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Desglosado por año, los sobreseimientos fueron del 54,6 por ciento de las causas resueltas en 2023; en 2024 fue del 58,9 por ciento y en 2025 alcanzó el máximo con el 82,9 por ciento. De esa manera, es la forma más preponderante a la hora de cerrar los expedientes, entre los que hay casos de robos, estafas y hasta abusos sexuales, indicaron fuentes calificadas.

Por otro lado, de ese total de 2.653 expedientes definidos en la etapa de investigación, el resto se compone con 656 procesamientos (el 24,7 por ciento) y 429 faltas de mérito (16,2 por ciento). De estos dos tipos de resoluciones, el primero es cuando un magistrado considera a un sospechoso, en base a las pruebas, como el probable autor del delito, quien se encamina a un juicio oral y público. El segundo es una etapa intermedia, en la que no hay elementos para procesar ni para sobreseer a un sospechoso. Por lo general, con el paso del tiempo, el caso finaliza con una desvinculación definitiva.

Por otro lado, las estadísticas reflejan que quedan en trámite 612 expedientes, 302 de Instrucción y 310 Correccionales.

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El viejo sistema mixto lleva ese nombre porque era una mezcla de un mecanismo denominado inquisitivo y el acusatorio. Inquisitivo porque un juez comandaba la investigación, con la Policía como principal sostén, en la primera etapa de una causa. Un esquema sumamente criticado, ya que ese tipo de magistrado investigaba e indagaba al sospechoso y, luego, él mismo decidía si estaba implicado en el hecho delictivo. Un contrasentido.

Luego, el sistema tenía una fase acusatoria, en el juicio oral y público, en el que el fiscal acusaba y pedía una condena y los jueces definían su absolución o castigo. Entre las críticas al mecanismo se encontraba su bajísimo nivel de resolución de casos, ya que estaba entre el 7 y el 9 por ciento. El resto, quedaba en la nada y sin respuesta para un damnificado. Un cuestionamiento era que un solo juez estaba de turno por mes (luego se dividió entre dos) y recibía un aluvión de expedientes que, con el personal que contaba, no daba abasto para cubrirlos.

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Con el sistema acusatorio, se pasó progresivamente a la creación de Unidades a cargo de fiscales y equipos de abogados y personal administrativo que investigan los hechos, con el trabajo de la Policía, y acusan a los imputados. Así, los jueces actúan como responsables de que se respeten las garantías constitucionales de los sospechosos y, justamente, son los encargados de juzgar.

En 2021 arrancó de manera parcial, contemplando delitos de abuso sexual, de violencia de género, los casos por homicidios dolosos y culposos (negligencia y mala praxis) y delitos contra la administración pública. Tres años después, comenzó a funcionar a pleno, con la incorporación total de los hechos delictivos: robos, hurtos, estafas, delitos informáticos, usurpaciones, daños, amenazas, lesiones, entre los principales.

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Así, fueron desapareciendo los viejos juzgados Correccionales (seguían casos cuyas penas no excedieran los tres años de prisión, más los delitos culposos, como siniestros viales y mala praxis) y de Instrucción (aquellas causas con castigos de más de tres años).

De esa manera, todos los hechos cometidos con anterioridad a 2021 y 2024 entraron a la Unidad de Finalización de Causas del Sistema Mixto. Las estadísticas reflejan que, en 2023, se resolvieron 1.712 casos, de los cuales, 1.096 fueron del ámbito Correccional y 616 de Instrucción. Del total, 935 terminaron con imputados sobreseídos, 462 con procesamientos y 315 con faltas de mérito.

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En 2024, la definición de causas bajó a 613 (324 en Correccional y 289 en Instrucción). Del número global, 361 culminaron con personas sobreseídas, 150 con procesamientos y 102 faltas de mérito. En 2025, el total fue de 328 (185 en Correccional y 143 en Instrucción), de los cuales, hubo sobreseimientos en 272 casos, 44 procesamientos y 12 faltas de mérito.

Si bien desaparecieron los viejos juzgados, sus denominaciones continúan como referencia para la tramitación de las causas que quedan. Así, Ricardo Grossi, juez de Flagrancia, interviene en los expedientes del Primero Correccional y del Primero de Instrucción; Carolina Parra, jueza de Garantías, en las causas y juicios del Segundo Correccional; Mabel Moya, en los casos del Segundo de Instrucción; Mónica Lucero, en las causas y juicios del Tercero Correccional; Guillermo Adárvez, en los expedientes del Tercero de Instrucción; Carlos Lima, en los del Cuarto Correccional y Cuarto de Instrucción; Gema Guerrero, en los del Quinto Correccional y Quinto de Instrucción, y Ricardo Moine, en juicios de juzgados Correccionales.