Los técnicos de Hockey sancionados, García y Garcés, pidieron volver a trabajar hasta que se resuelva su causa, pero la Justicia se los negó

La causa por la que Josi García y Juan Manuel Garcés recibieron duras sanciones tras la final de la Superliga Masculina de Hockey, entre Valenciano y Olimpia, se tramita en la Justicia Federal. Ambos dirigentes y reconocidos deportistas del Hockey local lograron que los castigos impuestos por la Confederación Argentina de Patinaje sean analizados en tribunales, gracias a un amparo presentado a mediados del año pasado. Ahora, al tramitarse el expediente, tanto García como Garcés, solicitaron que se les permita volver a trabajar, esto es, que las sanciones queden suspendidas hasta que exista un fallo judicial. Garcés tuvo una respuesta en los últimos días del año pasado y salió a la luz ayer cuando se definió el planteo para García. La Cámara de Apelaciones de Mendoza les rechazó la medida cautelar presentada, por lo que, hasta el momento, continuarán suspendidos sin la posibilidad de dirigir y, lo más difícil para los deportistas, sin poder asistir a los clubes de Hockey.

La compleja situación de García y Garcés es la que derivó tras la final que se disputó el 15 de diciembre de 2024 en la cancha del club Richet y Zapata, en la que se enfrentaron Centro Valenciano y Olimpia por la definición de la primera edición de la Superliga Masculina de hockey. La disputa quedó en manos de Olimpia, pero el resultado deportivo quedó de lado, ya que el interés se centró en lo que ocurrió durante el entretiempo. Detrás del estadio hubo corridas, hechos de violencia y golpes de puño que se viralizaron en las redes sociales en minutos. En las imágenes se lo ve con claridad a Juan Manuel Garcés, que en su momento se desempeñaba como director técnico de la Selección Argentina Sub 19.

Tras el episodio, y antes de que finalice el año, el Tribunal de Penas del Comité Técnico de la Confederación Argentina de Patín (CAP) dictó una dura resolución en la que impuso sanciones. Para el caso de Garcés, recibió el castigo de prohibición para concurrir a los clubes de Hockey sobre patines y le suspendieron su licencia deportiva, ambos por 6 años, lo que derivó en su salida de la Selección Argentina. Para García, en ese momento DT de Valenciano, recibió un castigo más leve: prohibición de entrada a las canchas y suspensión de su licencia, ambas por dos años. Quien también fue sancionado fue Gabriel López, dirigente de Olimpia, con un castigo de prohibición y suspensión de licencia por 4 años.

Tanto García como Garcés llevaron el caso a la Justicia Federal por entender que la medida dispuesta por el Tribunal de Penas del Comité Técnico de la Confederación Argentina de Patín (CAP) no corresponde y, además, porque en ningún momento se les dio la posibilidad de ejercer su derecho de defensa. Si bien, al principio la Justicia les rechazó el pedido de tratar el caso, la Cámara de Apelaciones de Mendoza les dio el OK por lo que el amparo por el que se pidió la nulidad del acto administrativo está en curso.

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Al tramitarse el expediente los dirigentes deportivos, a través de su abogado, presentaron una medida cautelar, esto es, que la sanción impuesta por la entidad deportiva nacional se suspenda hasta que la Justicia defina el planteo de fondo. A mediados del año pasado, el juez Federal, Leopoldo Rago Gallo, les rechazó el pedido por lo que García y Garcés apelaron al tribunal de Mendoza.

Para el ex técnico de la Sub 19 la respuesta llegó el 29 de diciembre, mientras que para García la resolución se dio ayer, cuando la Cámara de Apelaciones de Mendoza no hizo lugar al planteo y, así, confirmó lo resuelto por el juez federal sanjuanino.  

Para resolver así, los jueces Gustavo Castineira de Dios, Manuel Alberto Pizarro y Juan Ignacio Pérez Curci entendieron que “la afectación de su derecho a trabajar y participación en los espectáculos deportivos, son extremos que deberán ser resueltos en la acción principal porque expedirse sobre tales pretensiones puede considerarse un prejuzgamiento”. Es que, tanto García como Garcés, solicitaron “la inmediata suspensión de los efectos de la sanción impuesta, hasta tanto se dicte sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada”, lo que no puede ocurrir sin antes “determinar las facultades sancionatorias de la entidad demandada, la revisión del proceso disciplinario que dio lugar a la sanción, el tipo de infracción cometida por el actor, la vigencia de su condición de técnico”. Estos últimos puntos son la base del planteo de fondo, por lo que no pueden analizarse en la cautelar, que fue rechazada.

 

 

 

 

 

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