Por falta de pagos, el Gobierno aplicará multa a los empleados de Fate

El conflicto laboral en la empresa de neumáticos Fate sumó un nuevo episodio de tensión luego de que el Gobierno nacional anunciara la aplicación de una multa a la compañía por no haber abonado los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero.

La decisión fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, tras constatar que la empresa incumplió con el pago de haberes en medio de la conciliación obligatoria dictada para intentar encauzar la disputa generada por el anuncio de cierre definitivo de la planta.

Desde la cartera nacional señalaron que la falta de pago representa una infracción directa a las condiciones establecidas durante la instancia conciliatoria, que tiene como objetivo mantener las condiciones laborales mientras se desarrollan las negociaciones entre las partes.

De acuerdo con lo establecido en el régimen general de infracciones laborales contemplado en la Ley Nº 25.212, la sanción económica podría ser significativa. Las multas previstas oscilan entre el 50% y el 2000% del valor del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado.

En paralelo, el Gobierno resolvió extender la conciliación obligatoria por un plazo adicional de cinco días hábiles, luego de su vencimiento previsto para el 11 de marzo. Con esta prórroga, las autoridades buscan abrir una nueva ventana de negociación para intentar destrabar el conflicto.

Desde la empresa explicaron que la falta de pago responde a que los salarios se abonan contra la prestación efectiva de tareas, algo que —según sostienen— no se está cumpliendo debido a que la planta permanece tomada por el gremio, lo que impide retomar la producción. En ese marco, Fate aseguró que ofreció un adelanto salarial, propuesta que fue rechazada por los trabajadores.

Actualmente, de los 920 empleados que integraban originalmente la planta, alrededor de 380 todavía no aceptaron acuerdos de desvinculación y continúan con medidas de resistencia, mientras la compañía intenta avanzar con negociaciones individuales.

En tanto, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) busca trasladar el conflicto al plano político. La organización impulsa un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para declarar la producción de la planta como de “utilidad pública”, con el objetivo de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires pueda asumir el control temporal del establecimiento y garantizar la continuidad laboral de los trabajadores.