Provedores mineros sanjuaninos exponen en el Congreso y reclaman: "Somos los dueños del recurso y sabemos cómo cuidarlo"

En el marco de las audiencias públicas previas al tratamiento de las modificaciones aclaratorias a la Ley de Glaciares, el Congreso Nacional se convirtió en el escenario de un debate crucial para el futuro productivo del país. Con un proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado, diversos sectores exponen sus posturas sobre una normativa que busca saldar deudas pendientes de claridad técnica y seguridad jurídica.

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Fernando Godoy, presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA), participará como expositor invitado por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y el sector de La Libertad Avanza. Su discurso apunta a elevar el nivel de la discusión, enfocándose en la necesidad de terminar con años de ambigüedad legislativa que han condicionado el desarrollo de la provincia.

Para Godoy, el eje de la discusión no es la eliminación de la protección ambiental, sino la precisión de los términos científicos. Al respecto, señaló en diálogo con 0264Noticias: "Lo que se está diciendo es no modificación de la ley, sino es cambiar los conceptos de periglaciar o glaciar de roca y darle claridad y certidumbre". 

Esta distinción es fundamental para atraer inversiones extranjeras que requieren reglas claras antes de comprometer capitales a largo plazo, dijo el referente. 

El representante de los proveedores sanjuaninos enfatizó que la provincia ha transitado doce años de lucha solicitando este cambio conceptual. Según su visión, la minería no debe verse como una actividad enfrentada al entorno, sino como un proceso que debe estar unido al ambiente de manera inteligente y eficaz, sin que la normativa se convierta en un "dogma" inamovible. 

"Nosotros proclamamos que vamos a buscar que las inversiones se hagan bajo un desarrollo no de la dicotomía minería o ambiente, sino que la minería está unido al ambiente", manifestó. 

Un punto central de su exposición será que la defensa de la autonomía provincial sobre los recursos naturales, amparada en la Constitución Nacional. Godoy sostiene que, al ser las provincias dueñas de sus recursos, deben tener la potestad de administrar este rubro que funciona como el principal motor de ascenso social en la región.

En este sentido, destacó la preparación técnica de San Juan para liderar esta gestión: "San Juan es la más avanzada en términos geológicos; es la única que tiene inventarios de glaciares, la única que ha determinado a través de institutos de estudios de agua" su realidad territorial. El pedido es que la ley permita investigar científica y eficazmente dónde es factible la explotación sin inmovilizar inversiones que hoy están prohibidas.

La dimensión social de la minería eso otro de los pilares de su intervención, con especial foco en localidades como Calingasta, Iglesia y Jáchal. Para Godoy, no se le puede prohibir a un habitante de estas zonas la aspiración al desarrollo genuino basándose en conceptos que, según afirma, no existen en los estándares internacionales de países mineros líderes como Australia, Chile o Canadá. 

"Por derecho constitucional, los sanjuaninos somos los dueños del recurso y sabemos cómo cuidarlo", añadió 

Sobre el impacto económico local, el titular de CAPRIMSA introdujo el concepto de "economía terrenal". Explicó que los salarios mineros, al ser de los más altos del país, se reinvierten directamente en el comercio de cercanía: "Esa cadena de valor al fortalecerse hace que gane el verdulero de la esquina, el kiosquero, el zapatero; eso es economía de pueblo".

Godoy también abordó la conflictividad social, señalando que muchas veces las posturas antimineras nacen en las grandes urbes por desconocimiento de la realidad técnica y científica de la actividad. Defendió la profesionalidad de instituciones como el Colegio de Geólogos, que realizan estudios rigurosos desde la prospección hasta la exploración.

En su análisis, instó a diferenciar la crítica constructiva del "fanatismo" que niega la actividad por conflictos intelectuales pero consume sus productos. "Tenemos que elevar el debate a aquellos que no son mesiánicos, que no tienen una postura del no por el simplemente no", afirmó, cuestionando la falta de conocimiento geográfico de quienes opinan desde la distancia.

La urgencia del sector radica en que, actualmente, San Juan solo cuenta con el proyecto Veladero en explotación. La expectativa está puesta en que proyectos como el distrito minero Vicuña o Los Azules, puedan avanzar para evitar que miles de currículums de personas que buscan empleo queden "inundados" en las casillas de correo sin respuesta, señaló Godoy. 

La jornada en el anexo de la Cámara de Diputados contará con la participación de cerca de 200 expositores, incluyendo a los gobernadores Marcelo Orrego de San Juan y Raúl Jalil de Catamarca. La magnitud de la convocatoria refleja la importancia estratégica de lo que se está definiendo para las provincias cordilleranas.

Finalmente, Godoy expresó su esperanza de que los legisladores comprendan la importancia de estas aclaratorias para que la votación, prevista posiblemente para las próximas semanas, sea favorable. La meta es que el ciudadano sanjuanino pueda tener certezas sobre su futuro laboral y el movimiento de la economía regional.

La discusión legislativa continuará en los próximos días, buscando un equilibrio entre la preservación de los recursos hídricos y el aprovechamiento de la riqueza geológica que San Juan ha adoptado como parte de su identidad productiva e investigación científica.

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Con el cierre de estas audiencias, la pelota queda en el campo de los diputados, quienes deberán decidir si dan el paso final para convertir en ley estas modificaciones que, según los proveedores, marcarán un "antes y un después" para la minería argentina