Tensión en el interior del Valle Grande por la protesta de familiares de Emir Barboza tras la liberación de cuatro imputados por el crimen

La siesta de este viernes en el interior del barrio Valle Grande, en Rivadavia, se encontró atravesada por la protesta de familiares y allegados a Emir Barboza, el niño de 8 años que falleció tras recibir un balazo en octubre del año pasado, en ese lugar y tras un enfrentamiento de dos grupos. El motivo de la protesta, que derivó en gomas quemadas y lanzamiento de elementos contundentes contra la Policía, se basó en la liberación esta jornada de parte de la Justicia de cuatro de los siete imputados en el caso, y la concesión de la prisión domiciliaria para los restantes tres.

Esta decisión de la jueza Mabel Moya, derivó en incidentes en el populoso barrio, donde tomó intervención personal policial e Infanteria para tratar de desactivar el conflicto, logrando dicho objetivo luego de las 17 horas. No hubo detenidos, ni heridos.

A su vez, la abuela de Emir, Mirta Alfaro, en declaraciones radiales, puntualizó que "parece que no hay Justicia en San Juan. A mi nieto lo mataron de un tiro, y los asesinos hoy están sueltos y en sus casas tranquilos".

Cabe destacar que, hoy la Justicia decidió liberar a días de que se extinguiera la prisión preventiva a Jonatan Carrizo, Gabriel Orostizaga, Alan Bazán y Cristian Guajardo recuperarán la libertad, aunque deberán cumplir con medidas coercitivas como presentaciones periódicas en comisaría, restricciones de acercamiento y la obligación de someterse al proceso judicial.

Por otro lado, Dante Carrizo, Ariel Hernán Carrizo y Gonzalo Santander continuarán bajo arresto domiciliario, con la condición de fijar residencia fuera del barrio Valle Grande. La decisión se apoyó principalmente en que los tres dieron positivo en el dermotest, la prueba que detecta restos de pólvora.

El fiscal Francisco Nicolía había solicitado la prórroga de la prisión preventiva por seis meses más (la misma se cumplía el 20 de este mes), en línea con el tiempo restante de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), argumentando como prueba clave los resultados del dermotest y otros elementos incorporados a la causa.

Al momento de fundamentar su decisión, la jueza Moya señaló que la Fiscalía no logró individualizar ni precisar los roles de cada uno de los imputados en el hecho. Según indicó, no se pudo determinar quién efectuó los disparos ni el grado de participación de cada acusado. En ese contexto, consideró que correspondía aplicar otras medidas para los siete imputados. Es pertinente recordar que, según consta en el expediente, algunos de estos imputados han intentado desligarse del hecho alegando inocencia o falta de participación en los disparos. Incluso, uno de ellos llegó a declarar que "salió corriendo por miedo" al ver que la situación se tornaba violenta.

Cabe mencionar que junto con ellos hubo un menor que también habría participado del violento enfrentamiento, aunque, justamente por su edad, su causa se tramita en el Segundo Juzgado Penal de Niñez, Adolescencia y Familia. Además de otra persona identificada como Rodríguez, quien se entregó días después del hecho a la justicia y brindó detalles reveladores.