San Juan, incluida en el plan nacional para concesionar rutas y aplicar peajes

El Gobierno nacional habilitó a San Juan y otras ocho provincias a cobrar peajes en rutas nacionales que atraviesan sus territorios, en el marco de un nuevo esquema de concesiones para financiar obras de mantenimiento y mejora. La medida fue oficializada mediante el Decreto 253/2026, firmado por el presidente Javier Milei, y permite a las jurisdicciones asumir la gestión de determinados tramos viales a través de concesiones de obra pública.

Esto abre la puerta para que San Juan avance en la implementación de peajes en rutas nacionales, siempre que previamente se concreten obras de reparación, ampliación o conservación. Para hacerlo efectivo, la provincia deberá firmar convenios con la Dirección Nacional de Vialidad, donde se definirán los tramos específicos bajo su órbita y las condiciones de concesión.

El decreto establece que las provincias podrán administrar, reparar, ampliar, conservar o mantener los tramos de rutas nacionales ubicados en su territorio, y concesionar esas obras a empresas privadas, mixtas o entes públicos. Como parte del proceso, deberán presentar un plan de obras con su respectivo cronograma, el esquema de financiamiento, el valor máximo del peaje y el plazo previsto para la concesión.

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A su vez, la Dirección Nacional de Vialidad será la encargada de supervisar y auditar los contratos que se celebren en este marco. La normativa también fija que los fondos recaudados por peajes solo podrán destinarse al tramo concesionado, sin posibilidad de ser utilizados en otras obras, y prohíbe que se liciten en conjunto rutas de distintas jurisdicciones dentro de un mismo corredor vial.

Además de San Juan, la medida alcanza a Mendoza, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Corrientes, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz, que habían solicitado herramientas para gestionar el financiamiento de obras viales ante el deterioro de la red nacional.

En el caso de San Juan, aún resta definir qué tramos podrían ser incluidos en este esquema y en qué plazos se avanzaría, aunque el decreto ya configura un nuevo escenario para la gestión y financiamiento de la red vial en la provincia.

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