El Gobierno nacional avanza con el bloqueo selectivo de celulares en cárceles federales

El Gobierno nacional dio un paso más en su control del sistema penitenciario al autorizar la implementación de tecnología destinada a bloquear celulares dentro de las cárceles federales. La medida fue oficializada este lunes mediante la Resolución 336/2026, publicada en el Boletín Oficial, y apunta directamente a cortar uno de los canales más utilizados para la organización de delitos desde el encierro.

La normativa faculta al Ministerio de Seguridad a instalar dispositivos capaces de detectar teléfonos móviles activos dentro de las unidades del Servicio Penitenciario Federal y anular sus comunicaciones de manera selectiva. Se trata de un cambio técnico relevante respecto de los inhibidores tradicionales, que solían afectar también la señal en zonas aledañas a los penales.

El eje de la decisión está puesto en desarticular maniobras delictivas coordinadas desde el interior de las cárceles. En ese sentido, desde el Gobierno señalaron como antecedente las reiteradas estafas telefónicas, muchas veces ejecutadas bajo engaños como el clásico “páseme el código, quédese tranquilo”, que tienen origen en internos con acceso ilegal a dispositivos móviles.

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La resolución destaca la necesidad de “impedir que las organizaciones criminales con miembros alojados en establecimientos penitenciarios federales utilicen dispositivos de comunicación móvil para planificar y coordinar maniobras ilícitas”, marcando así el enfoque de seguridad que sustenta la medida.

En paralelo, se aprobó un “Manual de Procedimiento para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios Federales”, que establece los criterios técnicos para identificar cada equipo y aplicar el bloqueo de manera individualizada. Este sistema permitirá actuar sobre dispositivos específicos sin interferir en las comunicaciones externas.

El plan se enmarca en la Ley 24.660, que prohíbe de forma expresa el uso de celulares por parte de personas privadas de la libertad, aunque garantiza otros canales de comunicación con el exterior bajo supervisión.

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La implementación quedará a cargo de las áreas técnicas del Ministerio de Seguridad, que deberán gestionar la adquisición, instalación y mantenimiento de estos sistemas. Además, se prevé un monitoreo constante para asegurar que el bloqueo funcione exclusivamente dentro del perímetro carcelario. Con esta medida, el Gobierno busca cerrar una de las principales grietas en el control penitenciario: la posibilidad de que, aun tras las rejas, el delito siga teniendo línea directa.