El Gobierno apelará al falló que obliga a mantener el programa Volver al Trabajo que beneficia a miles de sanjuaninos

El Gobierno nacional acatará el fallo judicial que ordena mantener vigente el programa Volver al Trabajo, aunque en paralelo avanzará con una apelación para intentar revertir la medida. La decisión obliga, por ahora, a sostener el esquema de transferencias que alcanza a más de 900 mil beneficiarios, quienes perciben un ingreso mensual de $78.000.

La resolución fue dictada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien hizo lugar a una medida cautelar que frena la eliminación del programa. En términos prácticos, el fallo impide modificar el esquema actual hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, sostuvieron que el programa ya había cumplido su ciclo. “Finalizó por haberse cumplido su plazo de vigencia de dos años”, señalaron, y remarcaron que su continuidad no estaba prevista en el diseño original.

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En ese marco, el Ejecutivo había comenzado a avanzar en una reformulación del sistema, con el objetivo de reemplazar las transferencias directas por políticas de formación laboral. Según explicaron, se había lanzado una convocatoria masiva para que los beneficiarios accedieran a vouchers de capacitación, orientados a mejorar la empleabilidad y facilitar la inserción en el trabajo formal.

Sin embargo, la cautelar judicial alteró ese rediseño. Desde la cartera advirtieron que la decisión tiene impacto directo en la planificación oficial: “No podrán llevarse a cabo dos políticas prioritarias como los vouchers de formación laboral y la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables”, indicaron.

En el Gobierno interpretan el fallo como una interferencia en la definición de la política pública, aunque confirmaron que cumplirán con la orden judicial mientras avanzan con la apelación. El eje del conflicto gira en torno a la reconversión de los planes sociales. El programa Volver al Trabajo había sido planteado como un esquema transitorio para acompañar la inserción laboral, pero la medida judicial frena, al menos de manera provisoria, ese proceso.

Fuentes oficiales señalaron que el rediseño incluía una reasignación integral de recursos: por un lado, hacia sistemas de capacitación con participación de instituciones en todo el país; y por otro, hacia la ampliación de la jornada escolar en sectores vulnerables.

En ese sentido, desde el entorno de Pettovello consideran que la resolución no solo detuvo un cambio administrativo, sino que condiciona la orientación de la política social. Según esa mirada, mantener el programa implica sostener un modelo basado en la asistencia directa, en contraste con la estrategia oficial de promover el empleo formal. Además, remarcaron que el impacto también alcanza al área educativa. La imposibilidad de avanzar con la doble escolaridad limita una de las iniciativas clave previstas dentro del nuevo esquema.