Tres meses de prisión preventiva para el playero acusado de una estafa millonaria a una estación de servicio en 9 de Julio

La resonante causa judicial contra un playero de una estación de servicio de 9 de Julio, Ángel Acosta, tuvo esta jornada un paso clave. Es que, según fuentes del caso, se realizó la audiencia en Tribunales donde el playero quedó imputado acusado de una estafa en perjuicio de la firma 'MAXFA SA', por un monto cercano a los 200 millones de pesos.

En este contexto, la jueza Verónica Chicón, luego de escuchar a cada una de las partes intervinientes, decidió dictarle tres meses de prisión preventiva en el Penal de Chimbas, mientras avanza la investigación. En el caso, se encuentra como fiscal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, Eduardo Gallastegui, mientras que la defensa está a cargo de los letrados, Claudio Vera y Alejandro Iragorre.

Según reconstruyeron fuentes vinculadas a la causa, el joven comenzó como playero, pero con el tiempo fue escalando posiciones hasta convertirse en asesor comercial y encargado de cobrar a los clientes más importantes. Ese rol, clave para el movimiento diario del negocio, es el que hoy está bajo la lupa.

Todo salió a la luz cuando una empresa de transporte sanjuanina recibió el reclamo de una deuda abultada. La sorpresa fue total: su titular aseguró tener todos los pagos al día y presentó comprobantes, muchos de ellos entregados directamente a Acosta, tanto en efectivo como mediante transferencias y cheques. Solo en ese caso, el perjuicio superaría los 85 millones de pesos.

A partir de esa situación, la firma inició una auditoría interna que destapó un panorama mucho más amplio. Detectaron inconsistencias en los registros y sospechan que el acusado habría cobrado combustible a precios por debajo de los oficiales sin rendir ese dinero. También creen que utilizaba un sistema de “pagos cruzados”, cubriendo deudas de unos clientes con el dinero de otros, lo que terminó generando un desorden financiero importante.

Con el correr de los días, empezaron a aparecer más casos de empresas que aseguraban haber pagado, pero que igualmente figuraban como deudoras. Así, el monto del presunto fraude fue escalando rápidamente: de una primera estimación de más de 70 millones, hoy ya se habla de cerca de 200 millones de pesos.

Siempre de acuerdo a fuentes de la investigación, el propio Acosta habría admitido parcialmente las maniobras ante sus superiores, argumentando que buscaba mejorar las ventas ofreciendo precios más bajos. Sin embargo, la situación derivó en su renuncia a mediados de marzo y su posterior desaparición del ámbito laboral.

Recién tras su salida, la empresa profundizó los controles y detectó el faltante de dinero, cheques sin rendir y documentación irregular. Ese fue el puntapié para la denuncia penal que terminó, semanas después, con su detención y una causa