El Gobierno multó a La Fraternidad con más de $21 mil millones por haber adherido al último paro de la CGT

El Gobierno nacional oficializó una multa de $21.241.500.000 contra el sindicato ferroviario La Fraternidad por no haber cumplido con la conciliación obligatoria dictada durante el conflicto salarial de febrero pasado. La sanción fue dispuesta por la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, que argumentó que el gremio incumplió la normativa vigente al mantener medidas de fuerza durante el período conciliatorio.

Según indicaron desde el Ejecutivo, la conducta del sindicato afectó “el normal desarrollo de la prestación de servicios” y perjudicó a miles de usuarios del transporte ferroviario en todo el país. La conciliación obligatoria había sido dictada el 5 de febrero en el marco de un conflicto salarial encabezado por La Fraternidad, organización liderada por Omar Maturano.

Desde el Gobierno recordaron que la Ley 14.786 establece que, durante el proceso de conciliación, las partes deben suspender cualquier medida de fuerza y retrotraer la situación al estado previo al conflicto. En aquel momento, el gremio había impulsado protestas en reclamo de mejoras salariales y advertía sobre la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores ferroviarios. “Los trabajadores no aceptamos limosnas”, habían expresado desde el sindicato durante las negociaciones paritarias.

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La tensión entre el Gobierno y La Fraternidad no es nueva. De hecho, desde Capital Humano señalaron que en marzo el gremio ya había recibido otra sanción por adherir a un paro general convocado por la CGT. Tras conocerse la nueva multa, desde el sindicato volvieron a cuestionar la política ferroviaria nacional y aseguraron que el sistema atraviesa una situación crítica. Entre otros puntos, denunciaron una reducción cercana al 33% en las frecuencias, dificultades para conseguir repuestos y una pérdida salarial superior al 40% en términos reales.

Además, remarcaron que el deterioro del servicio se refleja diariamente en cancelaciones, demoras y estaciones saturadas de pasajeros, lo que —según sostienen— afecta tanto a trabajadores como a usuarios.