Escándalo en la delegación de Pocito

Fiscal acusará a exdirectora del Registro Civil y a otros imputados por falsificar y usar DNI para cometer estafas por $156 millones

Los delitos en juego son asociación ilícita, adulteración de documentos y estafa. El titular del Ministerio Público pedirán las penas contras los implicados.
jueves 30 de abril de 2026

El fiscal federal Fernando Alcaraz llevará adelante hoy la acusación contra los integrantes de una banda delictiva que se dedicada a entregar DNI auténticos, pero que contenían identidades adulteradas, con el fin de que los implicados pudieran sacar créditos y adquirir, por ejemplo, electrodomésticos. Entre los líderes de la presunta asociación ilícita se encuentra la exdirectora de la delegación del Registro Civil de Pocito, Natalia Castillo, y el monto generado por las estafas con el uso de los documentos superó los 156 millones de pesos.

El escándalo estalló el 30 de junio de 2025, cuando personal de Gendarmería allanó la delegación pocitana del Registro Civil y Castillo quedó detenida. El disparador fue la denuncia de un hombre de Tandil, Buenos Aires, debido a que comenzaron a llegarle deudas por préstamos y créditos en San Juan por un total de 11.412.000 pesos. Según había expuesto, habían utilizado un DNI con imagen y huellas dactilares que no eran las suyas.

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Se trató del caso testigo, que desencadenó más allanamientos, detenciones y una auditoría del Registro Nacional de Personas (Renaper). Era de esperarse: desde una repartición oficial se estaban emitiendo DNI reales, auténticos, con los nombres de los titulares originales, pero con datos de los delincuentes, como sus fotos y huellas dactilares. Así, se detectaron 22 casos de adulteración de documentos, de los cuales, cuatro se concretaron, es decir, se entregaron, mientras que los 18 restantes no llegaron a las manos de los implicados.

De esa forma, el fiscal Alcaraz expondrá hoy a las 11, en el Tribunal Oral Criminal Federal de San Juan, su acusación contra Castillo y al menos otros ocho involucrados, contra los que plasmará el pedido de penas de cara al futuro juicio. Además de la exdirectora del Registro, bajo sospecha de dirigir la banda se encuentran Rolando Navarro Zaide y su hijo Rodrigo Navarro Pozo, y Marcelo Cardozo, revelaron fuentes judiciales.

En la mira. Natalia Castillo era la encargada del Registro Civil de Pocito y está en la mira por liderar una asociación ilícita.

 

Incluso, hay cuatro mujeres y otro hombre a los que se les imputó el hecho de haber contribuido, individualmente, a la maniobra, al realizar la solicitud de comienzo del trámite del nuevo ejemplar de DNI. Además, también había trascendido la identidad de Marcos Vallejos como otro implicado.

Alcaraz y la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez habían sostenido, en la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria, que se había montado una “estructura criminal organizada con distribución de roles, cuya finalidad era la comisión de delitos de falsedad documental y estafas”.

Maniobra. Marcelo Cardozo está imputado por haber utilizado uno de los DNI adulterados y se encuentra bajo la sospecha de ser uno de los cabecillas de la banda.

 

La banda “operó al menos desde agosto de 2024 hasta mediados del año pasado, reclutando personas que prestaban sus datos biométricos para la confección de DNI falsos. Con esa documentación, luego se solicitaban créditos y adquirían bienes, principalmente electrodomésticos, que eran posteriormente comercializados en el mercado informal”, sostuvieron. El monto total de las estafas bajo investigación escaló a 156.218.895 pesos.

De hecho, el personal de Gendarmería secuestró en los allanamientos celulares, bicicletas y aires acondicionados que fueron adquiridos a través de las estafas.

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Además de la víctima del “caso testigo”, a la que le generaron deudas por poco más de 11 millones de pesos, también hubo otro damnificado que expuso públicamente que fue estafado en 60 millones de pesos.

Alcaraz había resaltado “la gravedad institucional del caso”, dado que “no solo afecta el patrimonio de particulares y entidades financieras, sino que compromete derechos fundamentales como la identidad, la fe pública y el ejercicio de los derechos civiles y políticos”. De esa forma, remarcó que una de las víctimas confesó que, entre los distintos padecimientos que enfrentó, no pudo votar.

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La acusación contiene delitos graves: la conformación de una asociación ilícita, falsificación de documentos destinados a acreditar la identidad de las personas y estafa. Además, están contempladas las infracciones a la ley 17.617 de Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano, que abarca la impresión ilegítima y tenencia indebida de DNI, tanto en blanco como parcialmente completados, y el hecho de haber gestionado múltiples identificaciones con distinta identidad.