Como anticipó 0264Noticias, la exencargada del Registro Civil de Pocito y tres miembros de la banda de DNI falsos acordaron penas de hasta 4 años y 8 meses

El escándalo por la falsificación de documentos en el Registro Civil de Pocito sumó un nuevo capítulo judicial, luego de que este jueves la exencargada del organismo y tres integrantes aceptaran condenas que alcanzaron hasta los 4 años y 8 meses de prisión efectiva.

Se trata de Natalia Castillo, quien se desempeñaba como responsable del Registro Civil y aceptó una pena de 4 años y 8 meses de prisión efectiva, además de una multa de 90 mil pesos y la renuncia a su cargo. En paralelo, Marcelo Cardozo y Matías Martínez Villalba recibieron condenas de 3 años y 10 meses de prisión, las que continuarán cumpliendo bajo la modalidad de arresto domiciliario. Por su parte, Marcos Vallejo fue condenado a 3 años de prisión en suspenso.

El fiscal federal Fernando Alcaraz llegó a un acuerdo pleno (juicio abreviado) con Castillo, a través del abogado Nicolás Gómez Camozzi, mientras que, con Cardozo, Martínez Villalba y Vallejo, las tratativas se dieron con el defensor Oficial Esteban Chervin y el coadyuvante Sergio Herrero.

Mientras tanto, el resto de los imputados iría a juicio y durante la jornada se esperaba que escucharan la acusación en su contra. Entre ellos se encuentran Rolando Navarro Zaide, Carlos Pratto, Daiana Belén José, Daiana Castro Cajal, Flavia Vargas, Lucas González y Analia Rosales. A ese grupo se suman Natalia Castillo, señalada como la exencargada del Registro Civil de Pocito al momento de los hechos, y Rodrigo Navarro Pozo, hijo de Rolando Navarro.

La investigación, encabezada por el fiscal federal Fernando Alcaraz, avanzó tras una serie de allanamientos que permitieron ampliar la cantidad de implicados a 11 personas. Según los datos oficiales, la maniobra generó un perjuicio económico de 156 millones de pesos, dado que los DNI adulterados eran usados por un grupo de imputados para sacar créditos y comprar bienes, como electrodomésticos, a nombre de otras personas. La maniobra delictiva se extendió durante al menos ocho meses.

El caso salió a la luz a partir de un operativo realizado el 30 de junio en el Registro Civil de Pocito. A partir de ese procedimiento, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) llevó adelante una auditoría que detectó 22 irregularidades vinculadas a la emisión de DNI adulterados.

De acuerdo a la causa, los documentos falsificados eran utilizados para obtener créditos y realizar compras. En uno de los casos investigados, se registraron operaciones por más de 44 millones de pesos, mientras que en otro se alcanzaron los 21 millones.

Los damnificados fueron personas de distintas provincias, como Buenos Aires y Santa Fe, cuyos datos fueron utilizados sin consentimiento. En tanto, el fiscal Alcaraz sostuvo la existencia de una asociación ilícita, además de que se desplegaron los delitos de adulteración de documento público y estafa.

La causa continuará su curso con el avance hacia juicio para los imputados que no acordaron abreviar el proceso, en un expediente que sigue sumando elementos y derivaciones.