Condenaron a la banda de los DNI falsos en San Juan: hasta 4 años y 8 meses de prisión efectiva para una exfuncionaria de Pocito

La Justicia Federal avanzó este jueves en la causa contra la denominada banda de los DNI falsos, una organización acusada de adulterar documentos para suplantar identidades, obtener créditos millonarios y realizar compras de electrodomésticos a nombre de personas que desconocían completamente las maniobras.

Durante una audiencia encabezada por el juez federal Ignacio Pérez Curci, el fiscal Fernando Alcaraz presentó pedidos de condena para cinco imputados vinculados a la causa, entre ellos la exencargada del Registro Civil de Pocito, Natalia Castillo, señalada como una pieza clave de la organización.

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Para Castillo, el Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 4 años y 8 meses de prisión efectiva, además de una multa de 90 mil pesos, costas judiciales y el decomiso de teléfonos celulares secuestrados durante la investigación.

En tanto, para Matías Martín Martínez Villalba y Marcelo Omar Cardozo el fiscal pidió 3 años y 10 meses de prisión efectiva bajo modalidad domiciliaria, mientras que para Rodrigo Javier Navarro Pozo requirió 3 años y 10 meses de prisión efectiva. Por su parte, Marcos Esteban Vallejo enfrenta un pedido de 3 años de prisión condicional.

Además de las penas de prisión, la fiscalía solicitó multas económicas, reglas de conducta y el decomiso de distintos bienes, entre ellos teléfonos celulares, vehículos, dinero en efectivo, electrodomésticos y un cuatriciclo.

En la misma audiencia, que pasó a cuarto intermedio hasta las 16, la defensa de Rolando Javier Navarro Saide —señalado como líder de la organización— pidió una medida diferente debido a su estado de salud. Los abogados solicitaron la separación de su proceso judicial y la suspensión del trámite por un plazo de 10 días, hasta que pueda recuperarse, con el objetivo de que posteriormente sea juzgado en una audiencia aparte.

Por otra parte, otros implicados en el proceso investigativo fueron sometidos al control de detención. Se trata de Carlos Fabián Prato, Dayana Sol Castro Cajal, Lucas Alfonso González, Analía Edith Rosales, Dayana Belén José y Flavia de las Mercedes Vargas. En estos casos, la defensa pidió el sobreseimiento y, de manera subsidiaria, la suspensión de juicio a prueba.

EL CASO

Según la acusación, la organización era liderada por Rolando Javier Navarro Saide, quien habría coordinado las maniobras junto a Castillo, aprovechando su función dentro del Registro Civil de Pocito para gestionar DNI auténticos con datos reales de las víctimas, pero utilizando fotografías y huellas dactilares de integrantes de la banda.

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De acuerdo a la investigación, luego de obtener los documentos adulterados, los imputados sacaban préstamos bancarios y adquirían productos en comercios y entidades financieras.

Las víctimas fueron Diego Pedro Brady, Bruno Arrighi, Fernando Lombardo y Diego Hipólito, quienes descubrieron deudas millonarias, embargos, inhibiciones crediticias y problemas administrativos. En algunos casos, las consecuencias impactaron directamente en su vida cotidiana: Brady tuvo que frenar la construcción de su vivienda y Arrighi quedó impedido de inscribirse como monotributista y hasta fuera del padrón electoral.

La fiscalía sostiene que el perjuicio económico total actualizado supera los 142 millones de pesos, mientras que el monto original de las maniobras rondaba los 80 millones.

La investigación también incorporó mensajes y audios entre los acusados que comprometerían el funcionamiento de la organización.

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En uno de ellos, Navarro Saide le indicaba a uno de sus socios: “Si te dan el DNI, sacate un aire y un tele”. En otra conversación, Natalia Castillo reclamaba una mayor parte del dinero obtenido por las maniobras ilegales.

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