Cómo será el control del juego online: empresas con domicilio en San Juan, apartado especial para apuestas deportivas y multas de hasta $120 millones

Tal como estaba previsto, el Ejecutivo reglamentó la ley de “Regulación del Juego de Azar en Línea”, iniciativa que lanzó la gestión orreguista con el objetivo, principalmente, de combatir las apuestas clandestinas y la participación de menores. Se trata de un documento específico donde la Caja de Acción Social (CAS) plasmó cuáles serán las medidas de control provincial y qué sanciones se prevén para comenzar a aplicar el control del juego online durante este 2026.

Entre los puntos de la norma, se destaca que las empresas que logren hacerse de las licencias de juego, las que serán licitadas, deberán contar con domicilio en San Juan o con una sucursal local al momento de firmar el contrato. Además, deberán tener un sistema informático que prohíba de manera automática e irrefutable el registro de personas menores de 18 años y “cualquier falla será considerada una infracción gravísima, habilitando la suspensión o revocación de la licencia del operador”.

La norma también cuenta con un apartado específico para las apuestas deportivas, como por ejemplo, la prohibición de apostar en deportes desarrollados por menores. Entre las sanciones a los incumplidores se prevén multas, las que irán desde $1.200.000 hasta los $120 millones.

La ley de Regulación del Juego de Azar en Línea fue una iniciativa de la gestión orreguista para combatir el juego clandestino a través de internet y la participación de menores. El proyecto avanzó durante el 2024 hasta que la Cámara de Diputados le dio sanción por unanimidad a fines de ese año. Durante el 2025 y los primeros meses del 2026, la Caja de Acción Social trabajó para desarrollar la norma reglamentaria, esto es, cómo se aplicará la ley.

En esa línea, el presidente de la CAS, Juan Pablo Medina, había confirmado a 0264Noticias que el texto de la reglamentación estaba listo y solo restaba el OK de Casa de Gobierno para que la norma fuera publicada en el Boletín Oficial. De esa manera, el organismo de control tiene todo listo para comenzar a aplicar la ley durante este año, una vez que la reglamentación sea publicada oficialmente.

Este medio accedió al texto oficial que indica cómo será el mecanismo de control, el que establece, por ejemplo, que los incumplidores tendrán multas de hasta 120 millones de pesos.

Un dato no menor es que aquellas plataformas que no cumplan con la ley, no estén registradas y no cuenten con la licencia respectiva de la CAS serán factibles, sus dueños, de ser perseguidos penalmente, por lo que se perfila que habrá un trabajo en conjunto entre la Caja de Acción Social, el Ministerio Público Fiscal, que conduce Guillermo Baigorrí, y la Secretaría de Seguridad y Orden Público, que lidera Enrique Delgado. Dichas tareas se esperan que comiencen una vez puesta en marcha la normativa.

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El decreto reglamentario establece pautas claras de cómo será el control del juego online, lo que ha quedado plasmado en un total de 45 artículos. En los más importantes, se define que aquellas empresas de juego online que ganen sus licencias locales, las que serán licitadas, deberán contar con domicilio en San Juan o “acreditar una sucursal inscripta en la provincia al momento de la firma del contrato”. Además, deberán contar con “experiencia comprobada en la operación de juegos de azar en línea” y “acreditar solvencia económica, financiera y cumplimiento fiscal”.

Otro dato clave es que deberán pagar un “canon mensual” por estar habilitados para poner en marcha las plataformas en la provincia, un canon que no podrá “ser menor al 12,5% del netwin (diferencia entre el importe apostado y el importe pagado en premios)”. Fuentes calificadas explicaron que el promedio nacional de dicho valor es del 10%, mientras que en Buenos Aires es del 15%, lo que implica que las autoridades locales buscaron aplicar un valor más alto que el promedio nacional.

La protección de los datos de aquellas personas que jueguen en línea es uno de los puntos centrales de la norma, ya que obliga a que las plataformas deban tener sistemas de seguridad que sean “robustos, integrales y actualizados, acordes a los estándares internacionales” para que se asegure “la confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de los datos y transacciones”.

En esa línea, los jugadores deberán aportar información que, como mínimo, deberá ser: “nombre y apellido completo, número de documento, CUIL, fecha de nacimiento, domicilio real completo, correo electrónico personal y número de teléfono”.

Además, deberá existir una “validación” tanto del DNI como de los datos “biométricos”, esto es, un “reconocimiento facial o equivalente, que compare la imagen del jugador capturada durante el proceso de alta con aquella obrante en los registros oficiales”. También deberá haber una “autenticación de la cuenta a través de envío de código de activación por correo electrónico y/o SMS”.

Un dato clave es que el sistema “debe impedir de forma automática e irrefutable el registro de menores de 18 años, sin excepción”. Así, cualquier falla “en este control será considerada infracción gravísima, habilitando la suspensión o revocación de la licencia”.

La publicidad del juego online que encaren las empresas y plataformas deberá, entre otros puntos, “incluir la leyenda ‘Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud – Línea 0800-JUEGO’ y enlaces directos al programa de juego responsable de la CAS”.

La norma también tiene un apartado especial para las apuestas deportivas, las que deberán corresponder a eventos oficialmente reconocidos, mientras que estará prohibido “expresamente” apostar sobre eventos que involucren exclusivamente a menores de 18 años, incluyendo categorías juveniles, infantiles y escolares. Tampoco se permitirá la apuesta sobre partidos amistosos “sin validación oficial”.

Sobre las sanciones, además del apercibimiento, la suspensión temporal de operaciones o la cancelación de los permisos, quienes no cumplan con el decreto reglamentario tendrán multas, las que fueron establecidas entre 1.000 y 100.000 JUS, una unidad de medida arancelaria que rondaba los 1.200 pesos, por lo que las multas irán desde $1.200.000 hasta los 120 millones de pesos.