Aunque avanzan las negociaciones, el Gobierno nacional insiste con una nueva ley para financiar las universidades

El Gobierno nacional mantiene su intención de impulsar una nueva Ley de Financiamiento Universitario, incluso en medio de las negociaciones que lleva adelante con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para recomponer los recursos destinados a las casas de estudio públicas.

La administración de Javier Milei considera que la discusión de los fondos para las universidades debe darse dentro del marco del Presupuesto Nacional y no mediante una norma específica. Por ese motivo, en la Casa Rosada ya anticipan que volverán a plantear modificaciones durante el tratamiento del Presupuesto 2027. La postura se sostiene pese a que las conversaciones con los rectores avanzan hacia un acuerdo que contempla mejoras salariales, aumentos en los gastos de funcionamiento, refuerzos para hospitales universitarios y una actualización de las Becas Manuel Belgrano.

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Según trascendió, la propuesta del Ejecutivo incluye una recomposición de la masa salarial del 24,33%, dividida en dos etapas: una actualización del 21,33% a partir de junio y otro incremento del 3% en octubre. Además, prevé convocatorias periódicas a paritarias para docentes y personal no docente, uno de los principales reclamos del sector. El entendimiento también contempla una suba del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios y un aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano.

Sin embargo, desde el CIN aclararon que el posible acuerdo económico no modificará la estrategia judicial que mantienen ante la Corte Suprema. Las universidades continúan reclamando la aplicación plena de la actual Ley de Financiamiento Universitario y no tienen previsto retirar la demanda que sigue bajo análisis del máximo tribunal.

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En el Gobierno sostienen que una eventual aplicación de la norma vigente generaría un fuerte impacto fiscal, ya que establece incrementos de recursos sin definir de dónde provendrá el financiamiento. Por esa razón, insisten en que cualquier actualización presupuestaria debe discutirse junto al resto de las partidas del Estado.

La discusión se produce además en un contexto de ajuste del gasto público. Semanas atrás, el Ejecutivo dispuso una reestructuración presupuestaria que incluyó recortes en educación, infraestructura universitaria y distintos programas nacionales, en línea con su objetivo de mantener el equilibrio fiscal.