La Justicia intimó a Cristina Kirchner que podría perder el arresto domiciliario si vuelve a incumplir las condiciones impuestas

La medida fue dispuesta por el juez Rodrigo Giménez Uriburu, quien intimó a la exmandataria a evitar conductas que puedan interpretarse como un incumplimiento de las reglas impuestas para continuar cumpliendo la condena fuera de una cárcel común.

La resolución judicial se originó a partir de un episodio ocurrido el pasado 14 de junio, cuando se instaló una bandera que unía mediante cables tensores dos edificios ubicados frente a frente, utilizando como uno de los puntos de anclaje el balcón donde Cristina Kirchner cumple su condena por la causa Vialidad.

Según el magistrado, la situación presentó características distintas a las manifestaciones de apoyo registradas anteriormente en las inmediaciones de su domicilio, ya que en esta oportunidad la expresidenta habría participado activamente en el despliegue del elemento.

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En el escrito, el juez sostuvo que la estructura instalada representó un riesgo para peatones, automovilistas y usuarios del transporte público debido a que atravesaba la calzada y parte del espacio urbano. Además, señaló que este tipo de instalaciones requiere autorizaciones específicas y que, en caso de no haber contado con ellas, podría configurarse una infracción a la normativa vigente.

Otro de los puntos observados por la Justicia fue el impacto que la acción tuvo sobre la tranquilidad de los vecinos. Giménez Uriburu consideró que la colocación de la bandera alteró la convivencia en la zona y contradijo una de las condiciones expresamente fijadas al otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria.

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Cristina cumple una condena de seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en el marco de la causa que investigó irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz. Desde hace un año permanece alojada en su departamento ubicado en el barrio porteño de Constitución.

La resolución no implica una modificación inmediata de su situación procesal, aunque deja asentado que cualquier nuevo incumplimiento podría derivar en una revisión del beneficio otorgado. En ese sentido, el magistrado remarcó que las reglas de conducta son parte esencial de la modalidad de cumplimiento de la pena y que su incumplimiento podría generar consecuencias más severas para la exjefa de Estado.