Unos 80 millones de pesos al mes, el costo para los calingastinos por el chiste de un “Marrone malo” tras el freno de Hualilán: el rol que debe tener el Estado

Para la memoria popular argentina, el apellido Marrone remite a la gracia inocente y entrañable de José “Pepitito”. Aquel mítico humorista de la época de oro de la televisión y el teatro de revistas que, con su característica fisonomía, sus muecas exageradas y sus clásicos latiguillos como el “¡Cheee!”, se convirtió en un pilar del entretenimiento familiar. Sin embargo, en los despachos donde se define el destino minero de departamentos chicos en actividad económica como Calingasta, el mismo apellido ha adquirido una connotación diametralmente opuesta. El responsable de este giro es Peter Marrone, un experimentado ejecutivo internacional que recientemente asumió la presidencia no ejecutiva de Challenger Gold (la firma que controla del yacimiento Hualilán). Aunque en el día a día de Calingasta su nombre resulte completamente desconocido y ajeno para los vecinos, fue su primera gran decisión corporativa la que provocó un severo golpe financiero en el territorio: un parate logístico que le quita a la economía departamental un flujo estimado de 80 millones de pesos por mes.

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Con el desembarco de Marrone y del director de operaciones Yohann Bouchard (ambos reportando directamente al principal accionista individual de la mina, el magnate Eduardo Elsztain), la estrategia de Hualilán fue sometida a una rigurosa auditoría técnica. Marrone no es un improvisado en el sector: está considerado una verdadera leyenda de la minería mundial tras haber fundado y conducido durante dos décadas a la gigante Yamana Gold, la corporación canadiense que desarrolló proyectos de gran escala en la Argentina y la región. Con el peso de esa trayectoria global a sus espaldas, la estrategia operativa de Hualilán fue revisada de raíz y el diagnóstico del ejecutivo fue fulminante: la ley del mineral con la que se estaba trabajando no garantizaba la rentabilidad necesaria frente a los costos del transporte bajo el actual sistema de procesamiento contratado.

En la jerga del sector, el modelo implementado entre Hualilán (propiedad de Challenger Gold) y la planta de Casposo (de Austral Gold) se denomina peaje o toll milling. Este esquema comercial consiste en que una mina que dispone de la roca pero carece de infraestructura industrial le paga a otra planta ya construida para que muela su material y extraiga el metal precioso, abonando un canon fijo por disponibilidad y una tarifa variable por tonelada procesada. El éxito de este engranaje depende directamente de la “ley del mineral”, es decir, la concentración de gramos de oro y plata por cada tonelada de roca. Si la ley es baja, significa que se está gastando una fortuna en fletes para transportar piedra con escaso valor comercial. Bajo este criterio técnico, Marrone ordenó suspender el traslado en camiones para concentrarse exclusivamente en el acopio en la cantera de Ullum. La meta es generar un stock de reserva lo suficientemente masivo y con leyes más elevadas que justifiquen económicamente el costo de la logística.

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Fuentes del sector sugieren que este freno no debería sorprender. Diversos asesores técnicos habían advertido formalmente a la conducción previa que no era el momento de iniciar el traslado masivo de material; sin embargo, presiones ligadas a la necesidad política de exhibir resultados inmediatos habrían acelerado los plazos de manera artificial. A este panorama se suma una limitación física e infraestructural insoslayable: el histórico puente sobre el Río Calingasta, ubicado sobre la Ruta Nacional 149. Esta estructura presenta un estado de fatiga que obligó a la Dirección de Vialidad a imponer una restricción estricta de 25 toneladas de carga neta por camión.

Para los modernos transportes viales disponibles en la provincia; diseñados bajo leyes de escalabilidad para mover volúmenes muy superiores, viajar a media capacidad constituye una ineficiencia logística crítica. Aunque el proyecto contempla montar un puente modular periférico tipo Bailey para desviar el tránsito pesado fuera de la villa cabecera, la obra aún no registra avances concretos.

Peter Marrone. Presidente no ejecutivo de Challenger Gold.

El freno logístico desnudó la fragilidad del entramado económico local. El acuerdo con las tres contratistas sanjuaninas (MTZ S.R.L., Terra Logística y Mi Viejo) para mover la roca hasta el complejo Casposo inyectaba esos 80 millones de pesos mensuales en el departamento. No se trataba de especulación: era dinero que se volcaba en la compra de combustibles, servicios de gomería, repuestos, alojamiento para choferes y raciones diarias en comedores familiares. Para un gran centro urbano, dicho monto es marginal; para una comunidad pequeña y con baja densidad poblacional como Calingasta, representaba un dinamizador indispensable que hoy desapareció.

Este escenario reabre el debate sobre el rol de las gestiones políticas y la necesidad de un árbitro institucional que vele por los eslabones más chicos, sin que esto implique necesariamente caer en la trampa ideológica de discutir si el Estado debe o no intervenir en la actividad privada. La realidad demuestra el escaso margen de maniobra de la administración provincial. Mientras algunas versiones indican que el Gobierno se enteró de la medida a través de los medios de comunicación, otras señalan que directivos locales de la minera ya habían cursado un aviso informal. En cualquier caso, evidencia la enorme diferencia de peso entre un gigante financiero y una provincia.

El Gobierno sanjuanino se enfrenta a un actor corporativo de peso internacional. Eduardo Elsztain maneja hilos financieros que lo sitúan en la misma liga que, por ejemplo, la histórica influencia de la familia Eskenazi quienes, paradójicamente, financian parte de la remodelación de la planta de Casposo a través de créditos del Banco San Juan. Elsztain comanda Cresud, el gigante agropecuario que administra más de 800,000 hectáreas en Latinoamérica, además de IRSA (dueña de los principales centros comerciales del país) y el Banco Hipotecario. Ante holdings de semejante envergadura, las herramientas de la política local suelen lucir insuficientes.

La operadora de Hualilán intentó mitigar el impacto anunciando que continuará abonando los costos fijos a las tres empresas de transporte sanjuaninas durante el parate técnico. Sin embargo, este paliativo difícilmente derrame hacia abajo. Si los camiones no circulan durante los próximos meses, las empresas lógicamente recortarán sus consumos en Calingasta. Los hoteleros y gastronómicos de la zona, que ignoran por completo los nombres de los ejecutivos que firman las actas de directorio, no recibirán compensación alguna.

El contexto nacional tampoco ofrece incentivos. La falta de sintonía política entre los gobiernos provincial y nacional anula cualquier posibilidad de activar canales de diálogo directo con el entorno del empresariado minero. Sin un interlocutor con llegada real a las esferas de decisión en Buenos Aires, el margen de negociación se reduce al mínimo. No se trata de forzar regulaciones estatales asfixiantes, sino de exigir un mínimo de sensibilidad y responsabilidad territorial a quienes manejan los flujos globales de capital. La legitimidad y la licencia social de la gran minería no se construyen únicamente en las pizarras bursátiles de Nueva York, sino respetando la sustentabilidad económica de las comunidades que ponen el cuerpo, el suelo y las rutas para que esa riqueza sea posible.

La provincia deberá meterse en la discusión, le guste o no. Quizá ya lo hicieron y nadie se enteró, lo que, per se, es la génesis de casi todos los males.