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El Gobierno investigará internamente las compras que Manuel Adorni realizó con tarjetas de funcionarios

La decisión fue confirmada Adrián Ravier, luego de que una funcionaria declarara que financió la compra de un monitor gamer de más de $2 millones para el exjefe de Gabinete. La causa también investiga otras adquisiciones realizadas con tarjetas de empleados públicos.
martes 30 de junio de 2026

La Casa Rosada iniciará una investigación interna para determinar si existieron irregularidades en las compras que el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, habría realizado utilizando tarjetas de crédito de otros funcionarios. La decisión fue anunciada un día después de que una empleada del área declarara ante la Justicia y confirmara una de las operaciones que hoy forman parte de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que el Gobierno avanzará con una revisión administrativa sobre los hechos. "Sí, por supuesto. Estamos apenas llegando, pero todas estas cosas se están evaluando y analizando", afirmó al ser consultado.

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La investigación judicial tomó impulso luego de la declaración de Laura Schiuma, directora general de la Subsecretaría de Comunicación y Actos de Gobierno, quien reconoció ante el fiscal Gerardo Pollicita que utilizó su tarjeta de crédito para comprar un monitor gamer Samsung Odyssey Oled G8 valuado en más de $2,1 millones, tras un acuerdo con Adorni para que luego le devolviera el valor en efectivo. 

Por otro lado, detectaron que el exfuncionario había vinculado a su cuenta de Mercado Pago tarjetas de crédito pertenecientes a otros empleados de la Vocería, con las que también se realizaron compras de alto valor. Entre ellas aparecen dos proyectores para videojuegos adquiridos con tarjetas de Luis Enrique Aluju y una compra superior a $8 millones en una blanquería, facturada a nombre de Gisela Kocsis.

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Para la Justicia, todas esas adquisiciones habrían tenido como destino equipar la vivienda que Adorni posee en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. La causa continúa con nuevas medidas de prueba mientras el Gobierno busca determinar si existieron responsabilidades administrativas dentro de la estructura estatal.