Conflicto en los puertos: el Gobierno anunció que suspenderá la desregulación y reducirá un 20% las tarifas de practicaje

El Gobierno acordó con los representantes del sector de practicaje una reducción del 20% en las tarifas y el restablecimiento inmediato de las tareas de asistencia a la navegación. El entendimiento permite normalizar el movimiento de los buques que permanecían sin operar en puertos y vías navegables.

Como parte del acuerdo, el Ejecutivo suspenderá la aplicación del decreto que modificó el régimen de practicaje y abrirá una mesa de trabajo para revisar sus principales disposiciones. El comunicado oficial no precisó todavía mediante qué instrumento jurídico se formalizará la suspensión ni durante cuánto tiempo quedará interrumpida la vigencia del nuevo esquema.

La instancia será coordinada por la administración nacional y contará con la participación de las áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos con competencia en la actividad. Las conversaciones abarcarán los aspectos tarifarios, operativos y de seguridad que generaron diferencias tras la publicación de la normativa.

En la Casa Rosada presentan la baja del 20% como el resultado inmediato de la negociación. El texto difundido, sin embargo, no detalla sobre qué cuadro de precios se aplicará el recorte, si alcanzará a todos los servicios y zonas de navegación ni desde qué momento comenzará a regir.

Los prácticos son profesionales habilitados que suben a los buques para asesorar a los capitanes sobre las rutas, las maniobras y las reglas específicas de cada puerto, río, paso o canal. El capitán conserva la conducción y la responsabilidad sobre la embarcación, mientras el práctico aporta el conocimiento técnico de la zona.

El régimen vigente desde 1991 define al practicaje y al pilotaje como un servicio público vinculado con la seguridad de la navegación. Los profesionales pueden ser contratados de forma individual o mediante empresas habilitadas, mientras la Prefectura Naval ejerce el poder de policía y controla las condiciones operativas.

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El decreto de desregulación apuntaba a ampliar la competencia, reducir los supuestos en los que era obligatorio contratar un práctico, flexibilizar los medios utilizados para trasladarlos hasta las embarcaciones y fijar mayores exigencias de transparencia sobre los precios. También contemplaba topes tarifarios y nuevas excepciones para determinados buques y capitanes.

En Nación sostenían que el sistema anterior generaba costos superiores a los registrados en otros puertos y limitaba el ingreso de nuevos prestadores. Los representantes de la actividad respondieron que algunas modificaciones reducían controles técnicos y podían aumentar los riesgos durante las maniobras.

La interrupción de tareas dejó al menos 140 buques mercantes sin poder ingresar, salir o realizar operaciones en distintas terminales. El conflicto afectó puertos de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova, según la información difundida por las cámaras empresarias.

El impacto más inmediato se registró en la cadena energética. La falta de asistencia impidió el ingreso de petróleo a algunas refinerías, frenó el despacho marítimo de combustibles hacia centros de distribución y demoró la carga de crudo destinado a la exportación.