Financiamiento universitario: un juez citó al Gobierno y a las universidades a una audiencia para intentar destrabar el conflicto

El juez federal Martín Cormick convocó al Gobierno nacional y a las universidades a una audiencia para el viernes 21 de agosto, con el objetivo de buscar una salida al conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales.

La convocatoria fue realizada en el marco de la causa iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y contó con la conformidad del Gobierno nacional. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había planteado su rechazo al considerar que debía cumplirse de manera inmediata la medida cautelar que ya se encontraba firme. De todos modos, desde el organismo confirmaron que participarían de la audiencia.

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El conflicto judicial se había originado a partir del Decreto 759/25, mediante el cual el Poder Ejecutivo había condicionado la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso durante 2025.

La norma había sido vetada por el Gobierno, pero el Congreso había insistido con su aprobación luego de reunir los votos necesarios en ambas cámaras. Además, el reclamo por su implementación había sido acompañado por movilizaciones de la comunidad universitaria y medidas de fuerza de docentes y no docentes.

Entre sus principales puntos, la ley había establecido mecanismos de actualización salarial para trabajadores universitarios y la recomposición de partidas destinadas a becas y programas estudiantiles, entre ellos el Progresar.

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Ante la demora en la aplicación de esas medidas, el CIN y los gremios universitarios habían impulsado un amparo colectivo contra el decreto presidencial.

En junio, la Corte Suprema había dejado firme la medida cautelar que obligaba al Gobierno a aplicar dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario. El máximo tribunal había rechazado el recurso presentado por el Poder Ejecutivo y había mantenido vigentes las disposiciones vinculadas con la actualización salarial y los fondos destinados a becas y programas académicos.

La resolución había sido firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en el marco de la causa iniciada por el CIN contra el Decreto 759/25.

La decisión de la Corte se había conocido semanas después de que el Gobierno acordara transferir recursos a las universidades nacionales. El entendimiento había contemplado un aumento del 24,33% para los salarios, una suba del 20% en los gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas destinadas a los hospitales universitarios hasta alcanzar los $50.000 millones.

Desde la comunidad universitaria habían señalado que esa propuesta implicaba elevar el presupuesto destinado a las universidades del 0,5% al 0,6% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, la Ley de Financiamiento Universitario había establecido como objetivo alcanzar el 0,75%.

Con la audiencia fijada para el 21 de agosto, las partes buscarán avanzar en una instancia de diálogo mientras la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal continúa con el análisis de la causa para definir una sentencia de fondo.