El intendente de Calingasta denunció a su extesorera por un faltante de $107 millones

Este miércoles, el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, denunció penalmente a su extesorera, Martha Campos, en el marco de una causa que investiga un faltante de aproximadamente 107 millones de pesos pertenecientes al erario público.

Campos había desempeñado funciones como tesorera del municipio, cargo que dejó de ejercer durante 2024. En esta jornada se llevó a cabo la audiencia de formalización en su contra, en la que fue imputada por el delito de peculado. De acuerdo con la denuncia, el dinero faltante provenía directamente de los pagos que los contribuyentes realizaban en efectivo en concepto de tasas y servicios.

El procedimiento estuvo presidido por el juez de Garantías Sergio López Martí. En representación del Ministerio Público Fiscal (MPF) participaron el fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio.

Lee también: El intendente de Calingasta estimó en $800 millones mensuales la pérdida para el departamento por la decisión de Hualilán de crear su propia planta de procesamiento

Tras la audiencia, el magistrado estableció un plazo de un año para el desarrollo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP). Durante ese período, la Fiscalía deberá avanzar en la recolección y análisis de las pruebas necesarias para determinar las responsabilidades correspondientes y, eventualmente, elevar la causa a juicio.

En cuanto a la situación procesal de la imputada, el juez López Martí resolvió concederle la libertad durante el desarrollo del proceso, aunque bajo el cumplimiento de estrictas medidas de coerción.

Entre las condiciones impuestas se encuentra la prohibición de entorpecer la investigación por cualquier medio, la prohibición de salir de la provincia sin autorización judicial previa y la prohibición absoluta de acercarse o mantener contacto con los testigos vinculados a la causa.

La investigación continuará ahora bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que deberá determinar cómo se produjo el faltante denunciado y las eventuales responsabilidades penales en torno al manejo de los fondos públicos.