Tras un pedido de investigación, el dueño de Minas Argentinas salió a defenderse, presentó documentación y amaga con una denuncia por daños y perjuicios

Por una denuncia presentada por la cooperativa vitivinícola FECOVITA contra Juan José Retamero, dueño de Minas Argentinas, que en San Juan opera la mina Gualcamayo, y contra el expresidente del INV, Guillermo García, por presunto lavado de dinero, obligó a los denunciados a salir a defenderse, negando la acusación, presentando documentación y amagando con una contradenuncia por daños y perjuicios. No solo eso, ya que también le solicitaron al fiscal federal que abrió la causa que desestime la denuncia y la archive, al tiempo que la tildaron de falsa. La firme postura de la empresa fue presentada por la directora de Legales del Grupo IBERTE, que en la causa penal se presentó como abogada defensora del expresidente del INV. Al ser una denuncia que salpica las múltiples actividades que la empresa tiene por el mundo, de la que Retamero es propietario, la profesional sostuvo que les está ocasionando un perjuicio que luego será reclamado a través de una futura demanda.

La presentación de Retamero, a través de sus directivos, es un capítulo más del conflicto que IBERTE mantiene con FECOVITA, empresa a la que denunció por estafa y balances financieros falsos, por los cuales, presuntamente, le ocasionaron un perjuicio millonario que supera los 31 millones de dólares. Por esa causa, los directivos y exdirectivos de la cooperativa vitivinícola, que también opera en San Juan, están procesados, como es el caso del actual presidente, Rubén Panella; el expresidente, Eduardo Sancho; y miembros y exmiembros como Jorge David Irañeta, Juan Ángel Rodríguez, Marcelo Fabián Federici, Eugenio Portera Sánchez, Roberto Vázquez Lavagno e Hilda Wilhelm Spanner de Vaieretti. Incluso, algunos de ellos ya cuentan con el requerimiento de elevación a juicio correspondiente.

Las relaciones comerciales entre FECOVITA e Iberte comenzaron en 2021, cuando las partes decidieron crear una empresa, EVISA, dedicada a la comercialización en el exterior de vino y mosto. Si bien un año más tarde ambas empresas decidieron romper la sociedad, los conflictos judiciales comenzaron en 2023, cuando la compañía de Juan José Retamero le reclamó a la cooperativa una deuda por 31 millones de dólares.

Lo llamativo fue cuando, a mediados del año pasado, FECOVITA denunció a Retamero y a García ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal por el presunto delito de “lavado de activos”, más conocido como lavado de dinero, y que se castiga con “prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación”.

Según la denuncia, que fue presentada por la apoderada del Consejo de Administración de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas Limitada (FECOVITA), al parecer Retamero y García “crearon un vínculo comercial destinado a estafar a la empresa y también para el lavado de dinero”. Incluso, expresó que “utilizaron balances falsos de una de las sociedades del grupo exportador Vitivinícola SA (EVISA) y que esto sería parte de la estrategia”.

Bajo esa nueva denuncia, el pasado 10 de agosto, el fiscal de la causa, Ramiro González, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1, le solicitó al juez Daniel Rafecas abrir la investigación, en la que aclaró que, por el momento, “no corresponde imputar a persona alguna hasta que nuevos elementos permitan identificar a los autores de la maniobra sujeta a investigación”. Así, le pidió al juez “impulsar una acción a fin de que proceda a investigar operaciones comerciales” que “guarden relación con FECOVITA” y puntualizó cuatro que fueron advertidas por la Unidad de Información Financiera (UIF) por un total, entre créditos y débitos, de 3.693.068.681,28 pesos, advertidos entre 2022 y 2023.

Un dato no menor es que FECOVITA solicitó ser parte querellante de la causa, a lo que el fiscal, por el momento, se lo negó porque “no puede dejar de señalarse que las particularidades de las maniobras denunciadas, el entramado societario y contractual que vincula a los mismos, obliga a despejar dudas a través de las pruebas”. Mientras que sí hizo lugar a ese pedido a favor de Retamero y sus empresas, por lo que, por ahora, al parecer, FECOVITA no puede acceder al expediente y sí los representantes del empresario español con presencia en San Juan.

Sobre la denuncia y los movimientos irregulares, la abogada del Grupo EVISA, Julia Villanueva, los negó públicamente, incluso en una presentación que hizo ante la Fiscalía, como representante de García. En ese escrito sostuvo que las transacciones cuestionadas como “sospechosas” “son operaciones lícitas registradas en los libros que EVISA lleva en legal forma, de los que resultan estados contables auditados, que reflejan un cuadro verídico de sus negocios y que cuentan con el debido respaldo documental”, el que fue presentado.

También te puede interesar: "Por decisión de la Corte, reconocida bodega zafó de un pago millonario que le reclamó el dueño de la mina Gualcamayo"

Ante medios locales, entre los que estuvo 0264Noticias, la abogada dijo que “los movimientos de la empresa se encuentran auditados, con lo cual están todas las reglas cumplidas y la denuncia por lavado de activos es imposible”. Además, en la presentación ante el fiscal, la abogada indicó que “aquí no hay un lavado de activos, sino un uso abusivo del proceso penal: la denunciante sabe que la sola subsistencia formal de una causa por lavado, por más infundada que sea, es apta para producir el daño inmediato e irreparable”.

Un dato no menor sobre el eventual daño, y que también fue expuesto en el pedido al fiscal para que desestime la denuncia y archive la causa, es que el grupo del cual Retamero es propietario, y entre los que se encuentra Minas Argentinas, “proyecta invertir miles de millones de dólares en la Argentina, para lo cual necesita financiamiento internacional de magnitud y sofisticación significativas”. Así, “ese financiamiento se encuentra actualmente en gestión ante entidades financieras internacionales y operadores especializados de primer nivel, entre los que se encuentran Citi, UBS e ICBC”. En esa línea, la abogada fue muy clara al expresar que “el éxito de esa financiación es lo que la denuncia que nos convoca pone en peligro, pues, en materia de lavado de activos, la mera existencia de una investigación penal abierta por 'lavado' no es neutra: por más infundada que sea la denuncia, ella genera un efecto inmediato en el plano crediticio, pues instala una alerta de riesgo que impacta en la relación con los bancos y con los demás sujetos obligados a cumplir las normas de prevención que existen al respecto”.

De esa forma, desde la empresa indicaron que esperan que el juez Rafecas defina la situación a favor de Retamero y García y desestime la acusación por lavado de dinero y, luego, llevarán adelante una demanda por “los daños y perjuicios ocasionados”, una vez que termine todo el proceso.