Desde el Colegio de Traductores de San Juan relevaron que hay cuatro personas más en la mira por ejercer la profesión sin estar autorizados

El caso de María Valentina Rampulla, que tomó estado público luego de que la Justicia aceptara una probation por la usurpacion de la profesión de traductora, volvió a poner bajo la lupa una problemática que, según aseguran desde el Colegio de Traductores de San Juan, existe desde hace tiempo. Rampulla se promocionaba a través de redes sociales y plataformas como profesional de bilingüismo y profesora universitaria de inglés de la Universidad de Aconcagua, pese a no contar con título ni matrícula habilitante para ejercer como traductora.

A partir de este episodio, desde la institución remarcaron que el caso no representa una situación aislada. En diálogo con 0264 Noticias, la secretaria general de la entidad, Agustina Bellino, explicó el motivo de la presentación judicial. "Lo hicimos desde el Colegio de Traductores para defender a los verdaderos matriculados, con el propósito de la lucha contra la compencia desleal", señalo. Bellino contó como el caso de Rampulla llegó a conocimiento de la entidad. “Fue una de las matriculadas quien alertó al Colegio, y en ese momento ella empezó a hacer publicaciones en contra de las autoridades de nuestra institución, con lo cual se tomó la medida de hacer la denuncia formal”, explicó.

En paralelo, la entidad comenzó a reunir información sobre otras personas que podrían estar ofreciendo servicios propios sin contar con la habilitación correspondiente. Bellino aclaró que todavía se encuentran en una etapa de recopilación de elementos, por lo que no todas las situaciones pueden ser llevadas inmediatamente a la Justicia. “Sabemos que existen otros casos, por el momento no tenemos todas las pruebas para poder tomar medidas legales, pero tenemos una lista con quiénes estarían ejerciendo de manera ilegal la profesión”, sostuvo.

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Dentro de ese relevamiento, la secretaria general dio a conocer un dato concreto: son cuatro las personas que actualmente están bajo seguimiento por una situación que, según el Colegio, presenta características similares a la de Rampulla. La principal dificultad para avanzar con ellas estaría relacionada con la manera en que promocionan sus servicios, ya que, a diferencia del caso que tomó estado público, mantienen una exposición mucho menor en las redes sociales. 

Además explicó que esa modalidad hace más compleja la tarea de reunir pruebas que permitan acreditar el presunto ejercicio irregular. “Lo de Valentina fue más público, pero en estos casos son personas que se cuidan mucho en redes sociales en lo que tiene que ver con lo que escriben, publican y la forma de promocionarlo principalmente en el ámbito más privado”, detalló. Por ese motivo, desde el Colegio buscan avanzar con cautela antes de realizar nuevas presentaciones judiciales. “Una vez que podamos identificar concretamente y reunamos las pruebas suficientes, se tomarán las medidas judiciales correspondientes”, aseguró.

Además del ejercicio de la profesión sin contar con la habilitación necesaria, desde el Colegio señalaron que existe otra problemática vinculada con la competencia desleal entre profesionales matriculados. Según explicó Bellino, también se registran situaciones en las que traductores que sí cuentan con matrícula ofrecen trabajos por debajo de los honorarios orientativos mínimos establecidos por la institución. Para la entidad, respetar esos valores también forma parte de las obligaciones éticas del ejercicio profesional.

En ese sentido, Bellino remarcó que tener conocimientos de un idioma extranjero no equivale a estar habilitado para ejercer como traductor. “Lamentablemente se cree que por haber vivido en un país europeo o haber estudiado inglés en un instituto, no habilita a las personas a ejercer la profesión”, sostuvo. La aclaración apunta especialmente a diferenciar a quienes poseen conocimientos bilingües y pueden desempeñarse en tareas administrativas o de asistencia de quienes cuentan con el título oficial y la matrícula necesaria para ejercer como traductores.

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Desde el Colegio de Traductores de San Juan también hicieron hincapié en la importancia de que particulares, empresas y organismos verifiquen la formación y habilitación de las personas que contratan. En su último comunicado, la entidad advirtió que este tipo de prácticas pueda afectar la calidad y confiabilidad de las comunicaciones, especialmente cuando las traducciones tienen consecuencias legales. 

Por eso, remarcaron que solo aquellos que cuenten con título oficial y matrícula vigente están legalmente habilitados para ejercer la profesión, además de responder por su trabajo desde el punto de vista ético y profesional. “Es importante que la comunidad esté alertada y elija a profesionales matriculados. Este caso queremos que funcione como antecedente ya que tuvo repercusiones en cada rincón del país”, concluyó.