La Iglesia destacó la reunión con el Gobierno nacional por la situación en discapacidad, pero advirtió: “Los gestos solos no alcanzan”

Además, adelantó: “Se abre un espacio de diálogo entre la CEA, el área de discapacidad, y Salud. Quedamos en una próxima reunión. Nos gustaría que hubiera más referentes, fue un planteo que se hizo. Es un camino que recién empieza”.

Baya Casal explicó: “Llevamos un escrito con nuestras inquietudes, se habló sobre eso, se plantearon posibles soluciones, caminos de rectificar o ratificar algunos actos. Fue la primera reunión, a la que fuimos invitados, se abre un espacio al que debemos apostar. Nos llevamos tareas para hacer, pasar en limpio algunos datos para poder entregar”.

Advirtió: “Hay incumplimientos de la ley vigente, de emergencia, que son reales, el Gobierno los acepta. Es una ley que no se cumple en su totalidad. Lo que se debe comprometer a pagar el Gobierno son compensaciones, actualizaciones del 2023 al 2025, esa sería la deuda actual”.

La coordinadora de la Mesa de Discapacidad se refirió a la visita del Papa a la Argentina, en noviembre, como “un gesto concreto donde la sociedad debe mirar y prestar atención”, que “despabila bastante a la sociedad, y tal vez a las autoridades, también”. Aclaró que en el encuentro “no se habló puntualmente de eso”.

Desde la CEA explicaron que su participación en la reunión fue “a partir de una invitación del Gobierno nacional, con el propósito de dialogar sobre la realidad de las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que trabajan por su cuidado, acompañamiento e inclusión”.

De parte del Gobierno participaron el jefe de Gabinete del Ministerio, Roberto Olivieri Pinto, y funcionarios del Área. En representación de la Iglesia asistieron su secretario general, monseñor Raúl Pizarro; el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Fernando Barilatti; el padre Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione; y Baya Casal, que integra la Mesa de Discapacidad, constituida por la CEA con representantes de Pastoral Social, Pastoral de la Salud y Cáritas.

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Desde la Iglesia destacaron que el objetivo es “fortalecer el acompañamiento de la Iglesia a las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que las asisten”. Además agradecieron la invitación del Gobierno, que dijeron que es “una oportunidad de diálogo para avanzar en respuestas concretas a las necesidades del sector”.

Los detalles del proyecto de ley de Discapacidad que impulsa el Gobierno, en medio de fuertes tensiones

El mes pasado el oficialismo logró en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el dictamen de mayoría por la situación en discapacidad, en medio de fuertes tensiones internas y con la oposición.

La propuesta de LLA apunta a reemplazar la emergencia en el sector, que vence a fin de año, logró 42 firmas junto a aliados y tendrá prioridad en el debate cuando el tema se discuta en el recinto. Mientras que la oposición tuvo 36 firmas en su iniciativa para prorrogar la emergencia.

El proyecto del Gobierno oficial se titula “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia permanente del sistema de Discapacidad”. Apuesta a consolidar de manera permanente un esquema que brinda previsibilidad y seguridad jurídica a las personas con discapacidad.

Entre sus ejes busca “garantizar la sostenibilidad del sistema, asegurar la continuidad de las prestaciones y beneficios sociales y proteger los derechos de las personas con discapacidad, de manera permanente”, destacaron desde la conducción libertaria.

Reafirma los principios de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, al sostener el beneficio de la pensión no contributiva por discapacidad y su actualización. Los beneficiarios de esta pensión tendrán garantizado el acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud. También podrán trabajar y quienes los empleen por tiempo indeterminado, contarán con beneficios impositivos.

Ratifica la universalidad del nomenclador y la homogeneidad de aranceles, con su correspondiente actualización. Además establece que el sistema sea sostenible, con partidas presupuestarias específicas y suficientes.