El amparo colectivo de los padres autoconvocados ya está en la Justicia Federal y se espera la resolución del fiscal

El amparo colectivo impulsado por los padres autoconvocados de los colegios preuniversitarios ya se encuentra en manos de la Justicia Federal y ahora atraviesa una instancia previa antes de avanzar con el trámite. El próximo paso está en manos del fiscal federal Francisco Maldonado, quien deberá emitir una resolución respecto de la competencia del Juzgado Federal para intervenir en el planteo.

La presentación fue realizada el 25 de septiembre ante el Juzgado Federal. Cuatro días después, el 29 de septiembre, el juez federal Leopoldo Rago Gallo dio vista al fiscal Maldonado para que se expida sobre la competencia. De esta manera, los padres quedaron a la espera de ese dictamen para conocer cómo continuará el expediente.

El recurso fue presentado con una medida cautelar y tiene como eje la continuidad del dictado de clases, luego de la interrupción que afecta a los estudiantes. Según el registro elaborado por los propios padres autoconvocados, los alumnos acumulan 41 días sin clases, una situación que llevó a las familias a recurrir a la Justicia.

Para concretar la presentación judicial, el grupo debió reunir previamente los fondos necesarios para afrontar los gastos legales. En total, lograron recaudar $3.060.000. El espacio está conformado por más de 600 padres, que aseguran representar a unos 3.000 estudiantes de las instituciones alcanzadas por el conflicto.

Además, las familias realizaron una declaración de voluntad para dejar asentado el acompañamiento a la estrategia judicial. En total, 189 padres firmaron ese documento. Para los autoconvocados, esa cifra representa un respaldo significativo y demuestra que la preocupación por la interrupción de las clases excede al grupo de 18 personas que aparece formalmente como parte del recurso.

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Ahora, la expectativa está puesta en los tiempos de la Justicia. Los padres pretenden que el trámite avance con rapidez, aunque reconocen que existen etapas judiciales que no dependen directamente de ellos. La definición sobre la competencia será uno de los primeros pasos para determinar cómo continuará el amparo colectivo.

Uno de los puntos centrales del planteo judicial es que la solución no se limite a evitar que continúe la pérdida de días de clases. Las familias también buscan que se contemple lo ocurrido durante las semanas en las que los estudiantes no pudieron asistir a las aulas.